Un paraíso clandestino

La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado un severo toque de atención a las autoridades políticas en su Memoria de 2005 ante el aumento de los delitos urbanístico, su falta de control y la conciencia que se ha instalado de impunidad en relación a las construcciones ilegales. Los fiscales alertan de que esta situación ha generado un aumento en la siniestralidad en la construcción y piden a los ayuntamientos que se ponga freno.

El parque de viviendas ilegales se concentra en la Bahía en los municipios de Chiclana y El Puerto, que suman más de 30.000, mientras que hay otro contingente importante en Sanlúcar, con más de 4.000. El mapa de la ilegalidad urbanística también salpica a municipios como Tarifa y Conil. La corporación chiclanera aprobó a finales del año pasado su plan urbano, que prevé la legalización de, al menos, unas 20.000 casas. Para ello, el alcalde, el socialista José María Román, ha suscrito un convenio de colaboración con entidades de crédito -la primera que lo ha firmado ha sido Unicaja- para conceder créditos blandos a los afectados con el fin de que puedan sufragar los gastos de la legalización de los inmuebles. La entidad estima que la regularización moverá un volumen de negocio de unos 450 millones de euros.

Entre 20 y 30 equipos técnicos formados por un arquitecto y un aparejador serán los encargados de procesar la legalización de las viviendas en Chiclana. Esta situación se corresponde también con El Puerto, donde su futuro plan urbano pretende normalizar 3.000 inmuebles. Estos núcleos de viviendas se encuentran en los que se denomina Desarrollos Sin Planeamiento (DSPs) y destacan algunas zonas como la Hijuela del Tío Prieto donde se regularizarán 211 inmuebles, seguido de la Hacienda Dos Palmeras, donde se ubican 200 o el Camino Viejo de Rota, por donde se reparten 192 casas irregulares.

La Fiscalía no es ajena a la proliferación de esta práctica y ha alertado de los negocios ilícitos que se están generando en torno al urbanismo mal entendido. El fiscal de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Ángel Núñez, ha reconocido que «se está produciendo un crecimiento desordenado que está provocando importantes daños en bienes con un valor histórico y natural. Además, existe dejadez a la hora de aplicar los instrumentos jurídicos que existen».

El propio plan urbano de El Puerto califica de «preocupante» el alto índice de viviendas ilegales que hay en el municipio. El texto que está en estudio destaca que «esta dinámica debe detenerse a toda costa, no solo para encauzar esta demanda a suelos controlados evitando la competencia desproporcionada, sino para evitar la destrucción del medio que rodea a la ciudad».