Interior investiga si ETA ha vulnerado el alto el fuego con cartas de extorsión a empresarios

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a su primer escollo en la verificación del alto el fuego permanente decretado por ETA, que entró en vigor hace hoy exactamente tres semanas. El Ministerio de Interior investigará la autenticidad de las cartas de extorsión recibidas por varios empresarios de Navarra con fecha indeterminada del mes de marzo, para certificar, en primer lugar, si responden o no a la autoría de la organización terrorista y, caso de ser así, si fueron remitidas antes o después del cese de la violencia, anunciado por la banda el pasado día 22 y hecho efectivo 48 horas después.

El Ejecutivo, que ha optado por extremar la cautela a la espera del resultado que ofrezcan las pesquisas policiales, se ha comprometido a dar por válido el gesto de distensión de la cúpula etarra sólo cuando certifique su sinceridad: esto es, que ha desaparecido toda expresión de violencia, incluido el chantaje a los industriales. De esa verificación depende la comparecencia de Zapatero ante el Congreso, prevista para junio.

El renovado envío de cartas reclamando el impuesto revolucionario fue confirmado ayer en Diario de Navarra por el presidente de la Confederación de Empresarios de la comunidad foral, José Manuel Ayesa, a quien han requerido información ya los responsables del Ministerio de Interior, en el que acaba de estrenarse Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ayesa diferenció en dos tipos las misivas detectadas, todas con fecha de marzo: unas responden al patrón clásico utilizado por la banda, «con las amenazas habituales», mientras que las otras están redactadas en un lenguaje «más amable» e «invitan» al extorsionado a contribuir económicamente al proceso de paz, lo que alienta la incertidumbre sobre su fecha exacta de envío.

En declaraciones posteriores, el responsable de la patronal navarra dijo tener conocimiento de una misiva de la primera clase y al menos tres de la segunda. Interior las cifra por el momento en un número mínimo, según apuntaron fuentes socialistas.

Patronal vasca

Ayesa atribuyó las cartas a ETA y recalcó que el chantaje constituye «un acto terrorista más», por lo que apeló a Zapatero para que no adopte ninguna «decisión» tendente a abrir un proceso negociador con la banda en tanto en cuanto persistan las coacciones a los industriales.

Su denuncia, que de confirmarse supondría la vulneración del alto el fuego, fue acogida con reserva no sólo por el Gobierno y la mayoría de las fuerzas políticas, sino también por la patronal vasca y el Círculo de Empresarios; ambas organizaciones aseguraron que no tienen constancia de que los profesionales de Euskadi estén sufriendo en estos momentos nuevas exigencias para que paguen el impuesto revolucionario.

Confebask quiso enfatizar que el colectivo está «tranquilo» porque se siente «arropado» por las instituciones, lo que identificó con el compromiso adoptado por el presidente Zapatero y el lehendakari Ibarretxe de que sólo darán por bueno un alto el fuego que incluya el cese de la extorsión.

El Círculo, en una reacción de «observación expectante», incidió en la trascendencia que tiene la desaparición del chantaje para poder verificar, con seguridad, la existencia de un proceso de paz. Lo contrario, incidió, resultaría «incompatible» tanto con un escenario de distensión y progreso como con «el deseo social del conjunto de la ciudadanía vasca» en favor de «una convivencia civilizada y democrática». En privado, unos y otros hicieron hincapié en la necesidad de autentificar la autoría de las cartas enviadas a sus colegas navarros y, en especial, si fueron enviadas antes o después de la entrada en vigor del alto el fuego.

En ello han empezado a trabajar las fuerzas de seguridad del Estado, que constataron la inactividad de ETA en el primer informe sobre la verificación de la tregua entregado por Interior al presidente del Gobierno el pasado 5 de abril. El entorno de Zapatero llamó ayer a mantener la cautela e insistió en el que proceso será «largo, duro, difícil» y no exento de «altibajos», lo que obligará a actuar «sin precipitaciones», con «rigor» y evitando análisis apresurados.

ETA, recalcaron estos medios, sabe que el Ejecutivo sólo aceptará un alto el fuego que conlleve «el abandono de toda acción violenta». Y añadieron que si se comprueba que las misivas remitidas a empresarios navarros vulneran la tregua, eso supondría «la ralentización del camino hacia la paz».