PP y PSOE ponen bajo sospecha a Jimena y Sanlúcar por inversiones vinculadas a la trama marbellí

La Operación Malaya se convirtió ayer en una intensa diatriba entre PP y PSOE que situó en Cádiz las primeras conexiones con el escándalo marbellí. Dos convenios urbanísticos entre el asesor Juan Antonio Roca y el alcalde socialista de Jimena, Ildefonso Gómez, fueron el contraataque del PP a la relación descubierta el pasado miércoles por el PSOE con el Ayuntamiento Sanlúcar. Donde uno de los socios de Roca, Tomás Olivo, construye un centro comercial, y al que suma la presencia en la Empresa municipal de Autobuses de Julio de Marcos, detenido y en libertad bajo fianza.

En el caso de Jimena, fue el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, en explicar que el Ayuntamiento habría autorizado a Roca a construir en una parcela de su finca La Morisca -donde fue detenido hace una semana- calificada como suelo no urbanizable. Un acto de «dejadez o connivencia» del primer edil de una localidad que, además, está dentro del parque natural de Los Alcornocales. Gómez, asimismo, habría suscrito un convenio con una de las sociedades del asesor marbellí para la construcción de un campo de golf y de unas 600 viviendas.

Sanz, además, aseveró que este mismo ayuntamiento habría modificado la calificación de otras dos parcelas a sendos imputados en otro proceso penal: el caso Ballena Blanca, que persigue una red de blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas tales como el narcotráfico.

A modo de resumen, apuntó que se habrían aprobado más de 24 convenios urbanísticos que afectan a más de 3.500 hectáreas en las que se pueden edificar más de 2,6 millones de metros cuadrados. Sanz consideró escandaloso que, fruto de estos pactos, se planee la creación de 16.000 nuevas viviendas y diez campos de golf.

Una frenética actividad inmobiliaria con la que entendió ha sido «permisiva» la Consejería de Obras Públicas y por ello anunció su solicitud de comparecencia urgente de su máxima responsable Concepción Gutiérrez para que explique qué control ha ejercido ante lo que considera «clara ramificaciones» con los casos Malaya y Ballena Blanca.