La AVT cree que la declaración es «un chantaje en toda regla»

Las asociaciones de víctimas del terrorismo acogieron con escepticismo el alto el fuego anunciado ayer por ETA e hicieron hincapié en su reivindicación de verdad, memoria y, sobre todo, justicia para el colectivo. La más pesimista y contundente en su valoración fue la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que aprecia en la declaración «un chantaje en toda regla» que la banda «ha puesto sobre la mesa al Estado de Derecho». Así lo aseguró ayer su presidente, Francisco José Alcaraz, en declaraciones a este periódico, convencido de que la principal preocupación a partir de ahora de los afectados por la violencia etarra será la posibilidad de que sean la propia democracia española y la Justicia «las que concedan una tregua a los asesinos».

Alcaraz considera que el texto hecho público ayer por ETA viene a confirmar las tesis de su organización, «la primera en advertir sobre la existencia de un proceso de negociación» entre el Gobierno y los terroristas. «Los plazos se van cumpliendo», señaló el máximo responsable de la AVT, que se preguntó «cómo es posible tener esperanza ante el comunicado número quince de tregua que hace público la banda en su historia». De hecho, la nota difundida por esta asociación refleja directamente su «más absoluto rechazo» al paso dado por ETA, que califica de «nueva trampa de los asesinos para conseguir objetivos políticos» y reitera que el único comunicado que la AVT espera es «el de su disolución y la entrega de los terroristas para que sean juzgados en España».

La AVT recuerda en su escrito que la organización terrorista ha intentado en varias ocasiones «engañar a la ciudadanía y a los máximos dirigentes de este país» con «falsas propuestas de tregua» utilizadas por la banda para «reorganizar sus comandos, rearmarse y volver a asesinar y sembrar el terror en nuestra sociedad». Alcaraz insistió en que si ETA consigue tras el anuncio «una sola» de sus reivindicaciones se habrá cometido «traición» con las víctimas, lo mismo que si «se acerca un solo preso». «Decimos lo mismo que dijimos el 11-M: queremos saber la verdad. Queremos saber hasta dónde ha llegado ya el Gobierno y hasta dónde va a llegar», exigió.

Despejar incógnitas

En Euskadi se pronunció al respecto el colectivo que agrupa a las víctimas vascas, Covite. La oficina de atención a este colectivo del Gobierno vasco, dirigida por Maixabel Lasa, prefirió esperar en cambio a que se vayan despejando algunas incógnitas -ETA dará a conocer hoy un nuevo comunicado- para emitir su opinión. Fuentes cercanas a la directora de atención a las víctimas del Ejecutivo de Ibarretxe apuntaron que el hecho de que la banda no emplee el término «definitivo» para referirse al alto el fuego o no mencione a los empresarios, uno de los colectivos que más ha sufrido en los últimos meses la amenaza y la extorsión de ETA, aconsejan prudencia a la hora de valorar el texto. Tampoco la Fundación de Víctimas del Terrorismo ni su presidenta, Maite Pagazaurtundua, hicieron pública valoración alguna.

Covite, a través de una nota, expresó su «satisfacción» por la posibilidad de que no se produzcan atentados mortales, al tiempo que confió en que la violencia cese «en todas sus formas criminales». Tras exigir que el proceso que ahora se abra no reporte a la banda «contrapartidas o réditos de tipo político» -una petición que repiten prácticamente todas las víctimas- la asociación vasca dejó claro que mantendrá «desde la firmeza más absoluta» su compromiso «inamovible» con la búsqueda de una «justicia integral» para todos los damnificados por el terrorismo etarra.

Proceso posible

Para Covite, la declaración en ningún caso debe suponer que el Estado de Derecho -y especialmente las Fuerzas de Seguridad y los tribunales- «dejen de funcionar» en el combate contra la banda porque su «derrota» -dicen las víctimas vascas- es «el único proceso posible». Con el fin de cumplir estas premisas exigieron que no se cierren sumarios y que continúen las investigaciones policiales.

También aprovecharon para mostrar su solidaridad y apoyo «incondicional» al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska «ante la avalancha de injustas críticas recibidas desde diferentes estamentos políticos».