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discoordinación entre la Guardia Civil y el Gobierno

La AUGC solicita que se investigue la muerte de inmigrantes y Alonso defiende su labor

En diciembre fue remitida una circular interna a todas las unidades de las Canarias sobre "1.700 o 1.800 inmigrantes" posiblemente ahogados

EFE | VALENCIA/MADRID
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El ministro de Interior, José Antonio Alonso, ha defendido hoy la "magnífica labor" de las fuerzas de seguridad en el control de la inmigración ilegal, después de que el presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Fernando Carrillo, pidiera hoy al Ministerio Fiscal que investigue la supuesta muerte de unos 1.700 inmigrantes ahogados entre Mauritania y las Islas Canarias a finales del 2005, tragedia de la que, según ha indicado Carrillo, tenía constancia este Cuerpo.

Mientras que el PP ha criticado la "desidia" del Gobierno y le ha instado a aclarar su inacción ante los flujos migratorios procedentes de Mauritania, el ministro ha destacado que, en lo que va de año, han sido desarticulados 56 grupos mafiosos y se ha salvado a más de 600 personas de morir ahogadas en aguas canarias. No obstante, tanto el PP como CiU pedirán su comparecencia en el Congreso al hilo de las nuevas informaciones que revelan que Interior conocía la circular interna distribuida por la Guardia Civil en diciembre.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ha exigido que explique por qué el Gobierno "ha tardado tres meses en tomar las decisiones que se les recomendaba en ese informe (de la Guardia Civil)", y ha criticado que el Ejecutivo no haya puesto en marcha hasta ahora el acuerdo firmado con Mauritania en 2003 para la repatriación de inmigrantes. En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que a finales de año recibió una información de la que "se podía desprender que un gran número" de inmigrantes habían partido de Mauritania "y podrían no haber llegado a alcanzar las Islas Canarias, con un gran número de naufragios en aguas internacionales".

Según Acebes, la dirección general de la Guardia Civil trasladó esa información "a las unidades implicadas, a fin de que por las mismas se adoptasen medidas que pudiesen paliar esta situación". El portavoz de Inmigración de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, considera también necesario que Alonso aclare en el Parlamento "por qué el Gobierno no adoptó medidas a principios de año ante informaciones realmente graves".

Grave problema de coordinación entre Guardia Civil e Interior

Según ha explicado el presidente de la AUGC en declaraciones a varios medios de comunicación, entre el 21 y el 26 de diciembre del 2005, la Subdirección General de Operaciones remitió una circular interna a todas las unidades de la Islas Canarias en la que se alertaba del posible fallecimiento de "1.700 o 1.800 inmigrantes" ahogados en el océano Atlántico. Este comunicado estaba basado en una información de los cuerpos de seguridad de Mauritania a la que se otorgó "total veracidad" por parte de la Subdirección General de Operaciones, asegura Carrillo, ya que desde la misma se instó a adoptar diferentes medidas de prevención a las comandancias canarias.

Según el presidente de la AUGC, este "gravísimo" hecho revela "un gran problema de coordinación entre la Guardia Civil y el Gobierno, si es cierto lo que éste dice de que no tiene información de esta comunicación interna". "La Guardia Civil también pertenece al Estado, por lo que no se entiende cómo no tiene información de este Cuerpo o puede escudarse en que la misma no le ha llegado, cuando además el director general es nombrado por el Gobierno y forma parte expresa del mismo", ha señalado.

A su juicio, la "sensible" información contenida en el citado escrito interno "hubiera servido para poner en marcha entonces los mecanismos de prevención que se están aplicando ahora", lo cual demuestra una "falta de previsión" por parte del Ejecutivo. Carrillo lamenta que "se esté hablando de la Guardia Civil" en términos generales cuando podría haber "responsabilidad directa" de algunos de sus mandos "o también del Gobierno", por lo que ha demandado una investigación del Ministerio Público al respecto para "depurar responsabilidades".