La Fiscalía intentará evitar con la 'doctrina Parot' excarcelaciones de etarras históricos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pretende aplicar lo antes posible el nuevo sistema de cómputo de beneficios penitenciarios establecido el lunes por el Tribunal Supremo -que obligará al etarra Henri Parot a cumplir de forma íntegra la condena de 30 años de cárcel, el máximo que permite la ley- a fin de evitar el mayor número de excarcelaciones de etarras históricos.

El Ministerio Fiscal, no obstante, no conocerá el efecto concreto que la nueva doctrina del alto tribunal puede tener sobre los 184 etarras que cumplen condena hasta que pueda analizar lo dispuesto por el Supremo en la resolución del recurso del ex jefe del 'comando itinerante' de ETA, según el fiscal jefe en funciones, Jesús Santos.

La lectura de la novedosa sentencia y de todos sus argumentos jurídicos es fundamental para saber si el nuevo sistema de cálculo -que conduce al cumplimiento íntegro de las condenas- es aplicable a todos estos terroristas. También determinará si es posible revisar la aplicación de los beneficios penitenciarios desde que ingresaron en prisión o sólo por el tiempo de condena que les resta por cumplir, y si la doctrina puede extenderse a los etarras en libertad condicional.

La que empieza a ser denominada como doctrina Parot, que se conocerá en su integridad cuando se notifique la sentencia, mantiene que a los criminales condenados por múltiples delitos con el Código Penal de 1973 -por hechos anteriores a 1995- no hay que calcularles los beneficios penitenciarios sobre los 30 años de estancia máxima en prisión, como ocurría hasta ahora, sino que las redenciones deben descontarse sobre la totalidad de sus penas, tomadas una por una, de forma sucesiva y de mayor a menor.

Hasta ahora, este tipo de criminales salía de la cárcel con su condena cumplida tras pasar en prisión entre 18 y 20 años, gracias a que redimía por trabajo o estudios entre 10 y 12 años de cárcel, que se restaban de los 30 en que había acumulado todas sus penas. Con la doctrina Parot, el recluso que tenga sus decenas, cientos o miles de años de condena acumulados en una pena de 30 años, caso de la mayor parte de los terroristas históricos, cumplirá la pena máxima (30 años) de forma íntegra.

Caso a caso

Jesús Santos indicó que sin conocer la letra pequeña de la sentencia del Supremo es difícil saber si podrá intentar retrasar la salida de prisión de los 184 etarras condenados por el Código Penal, pero lo que sí tiene claro es que, tras conocer la resolución, su departamento analizará uno a uno los expedientes de los terroristas históricos, verá hasta donde es aplicable a cada recluso la doctrina Parot e instará al tribunal correspondiente de la Audiencia Nacional para que revise la liquidación de su condena a la vista del nuevo sistema. El tribunal competente para cada revisión será la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictó la última de las condenas contra el etarra.

Santos tiene claro que, además de intentar revisar todos los casos que le sea posible, centrará sus primeros esfuerzos en tratar de paralizar las excarcelaciones de etarras que están más próximas en el tiempo. Incluso, y si es preciso, comentó que su departamento intentará que la autorización de las salidas de prisión inminentes queden en suspenso hasta que el tribunal pueda comprobar si el cambio de doctrina afecta al tiempo de permanencia en prisión.

La Fiscalía no es el único departamento de la Audiencia Nacional que espera a la notificación de la sentencia del Supremo para intentar revisar la situación penitenciaria de estos 184 terroristas. Fuentes judiciales informaron que el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, analizará la sentencia en cuanto le sea notificada.

Las reacciones a la decisión del Supremo continúan. En su comparecencia tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, afirmó que la decisión del alto tribunal puede ser «inconstitucional». La portavoz valoró negativamente la decisión por sus posibles consecuencias, ya que, a su juicio, «dificulta seriamente la política de reinserción» y «elimina» la posibilidad de redención de penas. Asimismo constató que supone la «aplicación diferente de la ley a unos presos y a otros».

Matiz político

Azkarate apuntó que si «había alguna duda», el Supremo puso de manifiesto que en su decisión hubo un «matiz político». El Gobierno vasco ha reiterado en distintas ocasiones la denuncia de la politización judicial y esta vez ligó la resolución a las palabras del secretario del PP, Ángel Acebes, referidas a que la decisión del tribunal es un ejemplo de cómo debe funcionar el Pacto contra el Terrorismo. «Creíamos que era un pacto entre partidos políticos y no uno que también imponía a la Justicia qué es lo que tenía que hacer», subrayó.