Vecinos de Pinar de Coig acusan al Consistorio de mantener «un doble juego» contra ellos

El asunto de las viviendas ilegales asentadas sobre el sistema protegido del Pinar de Coig ha dado de nuevo otra vuelta de tuerca. Ahora, algunos de los vecinos que denunciaron al Ayuntamiento por «permitir» la ilegalidad sobre el sistema protegido, aseguran que Urbanismo está garantizando en diversas reuniones al resto de residentes que se realizarán las obras de asfaltado, y se pondrán a su disposición los servicios de recogida de basura y limpieza.

Pero, esta promesa es más que «dudosa» para estos residentes que saben que la Junta aún no ha dado su visto bueno para legalizar sus viviendas. Hay que recordar que, actualmente la zona donde existen ya más de una veintena de viviendas, se encuentra dentro de un Sistema General de Espacios Libres (SGEL) donde está fulminantemente prohibida cualquier construcción. De ahí que la causa continúe abierta tanto por vía administrativa como por vía penal.

Denuncias

Según los vecinos, estos compromisos se dieron a conocer en una asamblea que celebró la asociación el pasado domingo donde, además conocieron el cambio de la junta directiva. El anterior presidente, Miguel Salas, cedía su puesto al hasta ahora secretario de la entidad vecinal, Francisco Javier de Paula.

Al mismo tiempo de esta serie de «facilidades» comunicadas por Urbanismo, este grupo de residentes aseguran que ya son una decena de familias las que han recibido el aviso de citación judicial. Basándose en estos avisos insisten en su tesis de que el Ayuntamiento sigue denunciando a los vecinos, algo que ha negado el alcalde y el concejal de Urbanismo en reiteradas ocasiones.

Como explica la defensa de estos vecinos, «aunque sigan comprometiéndose, y aunque digan que la solución les llegará, los trámites de los expedientes siguen su curso». Para los vecinos, la solución no es la misma que la que seguirán el resto de viviendas irregulares de la ciudad que serán regularizadas en la revisión del Plan Urbano. «No les pueden decir que se arreglará cuando el caso ya está en los tribunales y es un sistema protegido».

Un año de cárcel

Antonio Fernández Arnido es uno de los vecinos que denunciaron al Ayuntamiento por el caso. Ahora, el Fiscal le pide un año de cárcel por cometer un delito contra el orden urbanístico. Según explica su abogado, el ministerio fiscal no tuvo en cuenta los antecedentes y todas las circunstancias que han rodeado al caso. Ahora se ha pedido la prescripción del delito pero, aún así, se defiende su inocencia considerando que el Ayuntamiento «jamás» le advirtió de la irregularidad que cometía. Él pudo escriturar «sin problemas» su vivienda en diciembre de 2001. Como se puede leer en la escritura de propiedad, su parcela se la compró al propietario Rafael Pacheco. Pero, el documento también indica que el anterior dueño de los terrenos era el promotor José Pinto, quien está siendo investigado tanto por la Fiscalía de Medio Ambiente como por la comisión que han formado las fuerzas municipales sobre el caso.