El juez declara nulas las escuchas en el juicio por cohecho a los guardias civiles

A medida que pasan los días, el Ministerio Fiscal se queda sin pruebas para condenar a los dos agentes de la Guardia Civil a cuatro años y medio de cárcel por un presunto delito de cohecho y otro de omisión de perseguir delitos, al relacionarlos con un tercer acusado -F. V.-, que supuestamente sobornaba a los agentes con dinero para poder realizar contrabando de tabaco.

Si el pasado lunes la mala calidad de la grabación del vídeo impedía poner un atisbo de luz en este juicio; ayer, martes, el juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, desestimaba, a petición de los abogados defensores, la escucha de las cintas telefónicas por considerar que se invadía «uno de los derechos fundamentales y constitucionales, el de privacidad», y porque la persona que alertó a la Guardia Civil de Sevilla, cuerpo encargado de la investigación, bajo el seudónimo de Pepe de Sanlúcar, de este presunto delito de contrabando de tabaco, «parece no existir». Minutos antes de que el juez declarara nulas las escuchas telefónicas, el Ministerio Fiscal, durante su informe, hacia saber al jurado que «todas las pruebas presentadas son lícitas» y que habían «pasado el filtro de la validez».

Asimismo, la fiscal reiteró que se habían cometido tres tipos de delitos: Contrabando, cohecho y omisión. «No hay dudas, en las conversaciones telefónicas se deduce que F. V. se estaba dedicando al contrabando de tabaco y que su actividad era frenética. Traficaba tabaco del extranjero en grandes cantidades, a tal punto que en dos meses movió 16 millones de pesetas gracias a la compra de 103 cajas de tabaco», dijo la fiscal.

Por su parte, la defensa argumentó su postura remitiéndose a «las innumerables contradicciones que han existido en este juicio por parte de los testigos» que han ido desfilando por el estrado. «Unos manifiestan que el momento de la detención se realizó en el interior del vehículo y otros en plena calle, frente al colegio Salesianos. La credibilidad de la Guardia Civil ha quedado muy mermada», refirió Antonio Beardo, abogado de F. V.

La defensa aclaró que «aquí no se ha demostrado el delito de contrabando puesto que no se ha cogido ni una sola cajetilla de tabaco».

Ahora la última palabra la tiene el jurado popular, que hoy está previsto que dicte veredicto.