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El paraíso del pirata

Unos 1.500 yacimientos catalogados en la provincia, hacen de Cádiz un reto para los expoliadores

TEXTO: SILVIA TUBIO / FOTOS: LA VOZ / CÁDIZ
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El squire Trelawney, el doctor Livesey y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la Isla del Tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas». El escritor Robert Louis Stevenson plasmó en su obra más conocida la competencia y el recelo de aquellos que buscaban tesoros a bordo de galeones y con cañones como defensa.

Ese espíritu sigue vigente actualmente, pese a que las leyendas están en desuso. La provincia de Cádiz bien podría ser un perfecto destino para los corsarios de Stevenson. La operación policial desarrollada en torno al buque Louisa ha vuelto a poner de actualidad la actividad de los piratas del siglo XXI. Precisamente con ese nombre se bautizó la organización que utilizaba el Louisa como buque nodriza y laboratorio de expolios.

Dentro de la Guardia Civil son varias unidades las que van tras los pasos de estos expoliadores: el Servicio Marítimo, el Seprona o la Policía Judicial de la UCO (Unidad Central Operativa). ¿Y a quienes persiguen estos agentes? «Existen varios tipos de expoliadores. Están los profesionales, los ocasionales y los que denominados eruditos locales». Esa especie de intelectuales de la zona son, según el sargento jefe de la oficina técnica del Seprona en Cádiz, aficionados a la arqueología y la historia que tienen un afán personal por descubrir restos que sirvan para completar el puzzle de la historia.

Todos estos cazatesoros tienen un gran terreno por explorar en Cádiz, una provincia con suelos marinos y terrestres de los más ricos en patrimonio histórico de Europa. «Actualmente, existen unos 1.500 yacimientos catalogados. Son áreas ya descubiertas por el hombre. Pero quedan muchas por localizar. Así que imagínese qué valor incalculable guarda esta provincia». Esta multitud de huellas del pasado hace de Cádiz, «un paraíso para los piratas», que según los intereses y medios que tengan son más o menos profesionales.

Los aficionados

Los cazatesoros ocasionales suelen ser buceadores aficionados y pescadores. Se topan con los yacimientos por casualidad o bien durante una inmersión muy rudimentaria. Infringen la ley que protege el patrimonio histórico, «desde el momento que cogen una pieza y no la entregan a las autoridades o tan siquiera ponen en conocimiento la existencia de un yacimiento», explica el responsable del Seprona en la Comandancia de Cádiz. Dependiendo de la naturaleza y el valor del objeto encontrado, el delito que comenten estos piratas es el hurto, el robo o la apropiación indebida.

La actividad de estos cazatesoros es habitual. «No es raro encontrarse en las redes de los pescadores, sobre todo los de arrastre, con ánforas u otro tipo de restos, que no declaran», decía uno de los miembros del equipo del Seprona.

Pero lo que para uno es una afición para otros es un trabajo. Detrás de los expoliadores profesionales hay toda una infraestructura para que estas personas realicen los expolios dentro de un marco de aparente legalidad. El uso de autorizaciones para realizar supuestos estudios, que esconden los verdaderos motivos de las expediciones, es una técnica repetida de estas bandas; Algo que le ha costado el cargo al jefe de Costas en el caso del Louisa. «Acuden a instancias mayores para que les firmen permisos, pero eso no es suficiente. Necesitan que los autoricen más organismos, pero ellos utilizan un único documento, que esgrimen siempre que son pillados in fraganti». A veces, señalaba este sargento del Seprona, estos expoliadores entregan algunas de las piezas que encuentran (normalmente las de menor valor) a museos para que les den recomendaciones y cartas de agradecimiento, que emplean posteriormente para sus intereses.

Unos 12.000 euros es el coste medio al día de una jornada de trabajo de estas organizaciones, que tienen un equipo de historiadores, marinos, buceadores y abogados que trabajan por extraer piezas históricas y afrontar la responsabilidad legal que supone esta práctica ilícita. Cuando logran extraerlas, estos restos pasan de mano en mano por una larga cadena, «hasta llegar a las colecciones privadas». Entre medio, existe un entramado de anticuarios corruptos y traficantes de antigüedades que sacan su tanto por ciento.

Para los que luchan contra estos piratas el mayor daño que hacen los expoliadores «es a la historia. Cada vez que tocan un yacimiento, se pierde toda la información que guardaba esa zona».