El Ejecutivo insta a las autonomías a subir impuestos para compensar la rebaja del IRPF

El Gobierno instó ayer a las comunidades autónomas a subir impuestos, si pretenden compensar la pérdida recaudatoria que sufrirán con el nuevo IRPF, que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2007. Con el reparto actual de este tributo, a las administraciones territoriales les costaría 525 millones de euros -un 3,6% de la cuota autonómica del IRPF, según los datos de Hacienda- la rebaja impositiva aprobada el pasado 20 de enero por el Consejo de Ministros, por la que el tipo máximo se reduce dos puntos (del 45% al 43%) y el mínimo de ingresos exento, por debajo del cual no se pagará al fisco, se eleva hasta los 9.000 euros.

Solbes explicó las consecuencias de estos cambios durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que concluyó sin ningún consenso sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. El Gobierno se negó a explicar, como exigían los consejeros de economía populares, el acuerdo estatutario y de financiación alcanzado entre el Gobierno y CiU. En el encuentro, pese a todo y con la oposición de los representantes del PP, se acordó un calendario de trabajo que permitirá al Ejecutivo plantear una propuesta antes de finales de este año y poner en marcha el nuevo modelo a primeros de 2008. La oposición del PP no impidió, sin embargo, que se aprobara la creación de un grupo de trabajo sobre este asunto.

Los consejeros populares dejaron en el aire si participarán en ese grupo de trabajo así como si acudirán a otra oferta del Gobierno para celebrar una reunión informal con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que éste explicaría a los representantes del partido opositor los términos del acuerdo alcanzado con CiU.

Menos pérdidas

Además, las autonomías gobernadas por el PP reprocharon a Solbes que no les hubiera consultado antes de presentar el anteproyecto del nuevo IRPF. También echaron en falta que no se hubiera creado un grupo de trabajo dentro de este órgano consultivo, que estudiara las consecuencias económicas que tendrían las modificaciones previstas en un impuesto del que las comunidades tienen cedida una tercera parte. No obstante, al final sufrirán una merma en sus arcas algo menor en proporción a ese reparto, ya que el Gobierno ha estimado al final que el Estado contribuirá con el 73% del gasto y las comunidades con el 27%.

Se prevé que la rebaja del impuesto de la renta cueste unos 2.200 millones de euros (4.000 millones en total, si se añaden los cambios en el impuesto de sociedades, recorte del que las autonomías asumirán el 13%), dinero que, sin embargo, los contribuyentes perderán en poco más de un año por la subida de la inflación que se prevé.

El ministro de Economía y Hacienda recordó ayer a los consejeros autonómicos del ramo que disponen de instrumentos normativos «suficientes» para «mantener sus recursos financieros en el nivel que deseen». Por ello, les advirtió con toda rotundidad que la rebaja aprobada por el Ejecutivo en el IRPF «no da lugar a ninguna compensación». «Cada comunidad puede reponer, si lo estima oportuno, la caída de ingresos en el tramo autonómico», es decir, que pueden subir los tipos aplicables en la parte que tienen cedida (33%) para igualar así lo que dejarán de ingresar a través del Estado.

La otra posibilidad, apuntada también por Gobierno, pasaría por explorar otras vías impositivas, con nuevos tributos sobre determinadas materias o subidas de otros ya existentes que compensasen la bajada en el IRPF. Varias comunidades, sobre todo populares, replicaron a su vez a Solbes que con los cambios introducidos en el impuesto de la renta «condiciona» las diferentes políticas fiscales autonómicas y «limita» su margen de maniobra.