El Gobierno asegura que la renuncia de Fungairiño no afectará a la lucha contra ETA

El Gobierno asegura que la renuncia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo ni afectará a la firmeza con la que el Ejecutivo y los tribunales van a seguir persiguiendo a ETA y sus comandos. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aclaró que el relevo se trata de algo «natural», en una institución jerarquizada como la Fiscalía, cuando un fiscal jefe pierde la confianza del fiscal general del Estado, «con el que no caben discrepancias».

López Aguilar salió así al paso de las duras críticas realizadas por el PP a la renuncia forzada de Fungairiño, que para el principal partido de la oposición obedece a la necesidad del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de colocar un fiscal jefe más cómodo en la Audiencia Nacional de cara a un hipotético proceso de paz en el País Vasco y una negociación con la banda terrorista, algo que negó ayer rotundamente el ministro del Interior, José Antonio Alonso, que señaló que la dimisión «no tiene nada que ver» con un supuesto intento de facilitar el diálogo con ETA. «No hagamos especulaciones, no mezclemos churras con merinas y no hagamos juicios de valor que son absolutamente debilitantes en la lucha de la sociedad y el Estado contra el terrorismo», indicó Alonso, que insistió en que Fungairiño «ha renunciado» a su cargo, lo que en su opinión es una «decisión absolutamente respetable y que debe serle respetada».

«Vamos a conducirnos por lo que hace la organización terrorista ETA con toda la prudencia, vamos a seguir con la guardia muy alta y manteniendo las claves constitucionales y legales del Estado de Derecho», zanjó Alonso, para quien la lucha contra el terrorismo va «por buen camino».

En este sentido, el responsable de Justicia señaló que el Gobierno «tiene un balance de realizaciones absolutamente intachables» en la lucha contra ETA en sus dos años de mandato y «continúa actuando contra el terrorismo en todos los frentes, y así seguirá haciéndolo». La lucha continuará, añadió, «hasta que nos deshagamos por completo de la amenaza, hasta que ETA desaparezca definitivamente de nuestras vidas».

El ministro quiso zanjar la polémica desatada por la renuncia y afirmó que «no cabe ninguna interpretación política torcida». En su opinión, este hecho «pone de manifiesto que los puestos en una institución no son vitalicios, no duran siempre, y con toda naturalidad cabe entender un relevo».

Un error, según Rajoy

El PP ofreció una versión contrapuesta. Su líder, Mariano Rajoy, durante un mitin celebrado en Santander, aseguró que la decisión adoptada con Fungairiño, a quien definió como «un servidor del Estado de derecho y de la ley», es «un enorme error», al tiempo que acusó al Gobierno socialista de «liquidarlo» para «dar un paso más en su objetivo, que es el de negociar políticamente con el entorno de ETA». «Eso es lisa y llanamente un disparate desde el punto de vista democrático, un enorme error».

Por su parte, el secretario general, Ángel Acebes, aseguró ayer que José Luis Rodríguez Zapatero es el «responsable directo» de la marcha de Fungairiño, pidió la comparecencia inmediata del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el Congreso y anunció que su formación pedirá explicaciones al presidente del Gobierno el próximo miércoles en el Parlamento.

Acebes criticó lo que calificó como «dimisión forzada y humillante», fruto de un comportamiento «indigno y profundamente injusto». «Lo que está en juego es la propia libertad, la propia decencia de nuestra democracia en la lucha contra el terrorismo y la justicia con un hombre de bien», subrayó el dirigente popular, al tiempo que afirmó que «el Estado de Derecho no merece entregar la cabeza de un servidor del Estado y de la libertad en bandeja de plata a Zapatero para sus maniobras».

Órdenes incumplidas

El secretario general de los populares alabó la figura de Fungairiño y aseguró que se ha cometido «no sólo una injusticia» sino también «un daño difícilmente reparable» en la lucha contra ETA. Acebes preguntó «cuáles eran las órdenes» del fiscal general del Estado que Fungairiño no había cumplido para que se le haya destituido.

Citó con ironía alguno de los posibles incumplimientos del fiscal jefe: la celebración en la Audiencia Nacional del macrojuicio contra el entorno de ETA o que su postura no fuese compatible con «la legalización del PCTV. «O quizás tiene que ver con el desistimiento en la lucha contra el terrorismo y con que Fungairiño y su magnifico equipo de profesionales en la Audiencia Nacional pidió recientemente prisión incondicional para Arnaldo Otegui, y éste preguntó al fiscal si lo sabía el fiscal general del Estado», concluyó.