Las claves económicas del 'Estatut'

De un Concierto Económico sin ese nombre a un modelo que es básicamente el vigente en cuanto a su estructura pero que garantiza un volumen muy superior de recursos y unas cuantiosas inversiones. Ése ha sido el trayecto recorrido por el Estatut en lo que se refiere a la financiación. Los especialistas tienen algunas dudas en cuanto a la potencialidad de lo pactado entre PSOE y CiU, pero en cambio parecen convencidos de que con este paso sigue sin resolverse de forma definitiva el problema de la financiación autonómica.

¿PARA QUÉ SIRVE UNA AGENCIA TRIBUTARIA PROPIA?

En la actualidad funcionan en Cataluña la Agencia Tributaria del Estado y una Dirección de Tributos dependiente de la Generalitat, que gestiona impuestos de cuantía menor por la recaudación: los de Sucesiones y Donaciones y Actos Jurídicos Documentados. El acuerdo entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas prevé la creación de una nueva agencia formada por un consorcio de las dos administraciones, que tendrá a su cargo la gestión de IRPF, IVA e impuestos especiales.

Esta fórmula se aleja de la propuesta de Estatut aprobada por el Parlamento de Cataluña y difiere también radicalmente del modelo vasco. En Euskadi, a la Hacienda estatal sólo le quedan competencias relativas a la fiscalidad del comercio exterior de sociedades y particulares y a las empresas que operan en régimen de cifra relativa de negocios en función del porcentaje de su facturación que realizan fuera del País Vasco.

Jordi Pons, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que la figura de la Agencia catalana ha quedado completamente desvirtuada. «Le mantienen el nombre pero no tiene funciones», dice tajante. Otros especialistas consultados por este periódico destacan que, visto desde fuera, parecía de todo punto imposible que el Estado fuera a dejar en manos de otros la gestión de unos impuestos de los que le va a corresponder el 50%. Incluso alguno cree que no debe olvidarse, en otro sentido, el elevado índice de judicialización de la economía catalana, que se plasma en proporciones muy elevadas de quiebras (36% del total nacional, el doble de su peso en el PIB español), suspensiones de pagos (26%) y letras devueltas (28%).

Desvirtuada, pero no inútil. Contar con una Agencia Tributaria permitirá disponer de los recursos con una celeridad mayor. Hasta ahora, el sistema funciona sobre la base de adelantos que el Estado va haciendo a las comunidades autónomas, y que requieren luego de una liquidación final. Cuando la Agencia entre en vigor, la disposición de los fondos por parte de Cataluña podría ser casi inmediata. La nueva Agencia, además, parece el embrión de lo que a medio plazo será el único organismo que gestione la recaudación. Algo que a las fuentes empresariales consultadas por este periódico les parece muy positivo. A su juicio, la cercanía de la Administración fiscal a los contribuyentes es buena, porque además permite ajustar los gastos a los ingresos de forma más realista. No todo son ventajas, porque también hay quien recuerda que una administración más próxima es también mucho más vulnerable a los grupos de presión locales.

¿CUÁNTO GANA CATALUÑA CON SU MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS IMPUESTOS?

Pasar del 33% del IRPF y el 35% del IVA al 50%, y del 40% de los gravámenes sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos al 58% va a suponer unos ingresos adicionales para las arcas de la Generalitat de unos 1.700 millones de euros al año, según ha sabido este periódico de fuentes próximas a los equipos negociadores. Una ganancia nada despreciable, pero inferior a la que obtendrán otras comunidades autónomas cuando el sistema se aplique a todas, como parece. Las mismas fuentes han calculado para Madrid -que tiene un millón de habitantes menos- una ganancia neta de más de 5.000 millones, para Baleares unos 1.000 millones y algo menos para Aragón, comunidades ambas mucho menos pobladas.

Pero no es seguro que esa suma -de momento, la correspondiente a Cataluña- sea la ganancia neta. La razón está en el propio sistema de financiación de las autonomías del llamado régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). Cada una de ellas tiene asignado un volumen de recursos necesario para su financiación, medido según unos criterios difusos y mal calculados, a juicio de Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Esos recursos llegan por dos vías: la primera es su participación en los impuestos. La segunda procede de un denominado fondo de suficiencia, que complementa aquella suma hasta que llegue a ese volumen de recursos fijado. A día de hoy, todas las autonomías reciben dinero de ese fondo, menos Madrid y Baleares, que recaudan por su participación en impuestos más de lo que tienen fijado para su financiación.

El problema está en si Cataluña perdería todo o parte de lo que le llega hasta ahora de ese fondo de suficiencia por el hecho de recibir más por su mayor participación en los impuestos. De momento, nadie ha aclarado este punto, pero lo lógico es pensar que el resultado final será positivo para las arcas de la Generalitat. «Aunque también es seguro que el beneficio no será demasiado», apuesta Zubiri, porque el nuevo sistema nace con vocación de extenderse a las demás autonomías y las cuentas no soportarían que todas ellas tengan ganancias muy importantes.

¿ES POSIBLE EXTENDER A OTRAS AUTONOMÍAS EL CONCIERTO?

Cataluña habría dispuesto de algo muy parecido al Concierto Económico vasco, dentro de 15 años, si hubiese entrado en vigor el proyecto que aprobó el Parlamento catalán el pasado 30 de septiembre. El Gobierno central dejó claro desde el primer momento que eso era imposible. ¿Lo es? Todos los especialistas consultados por este periódico, incluidos algunos catalanes, creen que efectivamente es así.

La primera razón de su inviabilidad está en el coste: a las autonomías más pobres no les saldrían las cuentas de ninguna manera, reconoce Pons. Tampoco sería posible cuadrar el capítulo de ingresos y gastos del Estado: si al País Vasco, el Concierto Económico le produce una disponibilidad de recursos aproximadamente un 60% superior a los que llegarían de estar en el régimen común, es fácil imaginar lo que sucedería de extenderse el sistema a las restantes comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Pero hay una segunda razón: de extenderse el Concierto, al Estado no le quedaría apenas competencia fiscal alguna. Algo que, según explica Ignacio Zubiri, no sucede en ningún Estado, ni siquiera en los de mayor descentralización política y económica, como Suiza. «Un Estado sin capacidad recaudatoria no es viable financiera ni conceptualmente», argumenta.

¿QUÉ SUPONE LA GARANTÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN PROPORCIÓN A SU PIB?

La Generalitat se quejaba desde hace mucho tiempo de su déficit fiscal, que según los últimos datos supera el 8%. Ahora, con el acuerdo alcanzado, el Gobierno central se compromete a destinar a esa comunidad una inversión equivalente al peso de su PIB en la economía española; es decir, casi el 19%. El pacto habla de siete años (porque es el tiempo en el que están garantizados fondos comunitarios) y para más adelante se especifica que la inversión debería equipararse al peso económico de cada autonomía, recurriendo al Fondo de Compensación Interterritorial para no castigar a las más pobres.

Este apartado del acuerdo, que se asemeja a uno de los puntos del proyecto de Estatuto propuesto por el PSE-PSOE (el conocido como documento Guevara), suscita algunas dudas entre los especialistas. De entrada, porque es un planteamiento difícilmente generalizable a otras autonomías, salvo que se desee hipotecar para siempre el Presupuesto del Estado en su capítulo de inversión, según advierte un experto en economía regional. Pero es que, además, resta margen al Gobierno central para aplicar una política redistributiva entre regiones.

Ello, sin olvidar que su cumplimiento año a año es casi inviable: una gran obra puede hacer que se supere ampliamente ese porcentaje, para caer una vez terminada. Esa dificultad podría evitarse si, como se ha adelantado, al menos una parte de la suma correspondiente (que en lo relativo a otros capítulos podría ser invertida directamente por el Estado o ser transferida a la Generalitat para que la invierta en actuaciones propias) se destina a liberar peajes de las autopistas en las zonas próximas a los grandes núcleos urbanos. Ese capítulo podría hacer de colchón.

¿QUÉ INTERÉS TIENE LA TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN DE PUERTOS Y AEROPUERTOS?

Los puertos y aeropuertos de interés general serán gestionados por consorcios en los que estarán presentes el Gobierno central, la Generalitat y el capital privado. La gestión de esas infraestructuras por parte de las instituciones locales es una vieja aspiración nacionalista que ahora parece satisfacerse al menos parcialmente. Los expertos, sin embargo, restan importancia a la reforma porque el grado de autonomía de los responsables actuales ya es grande, y no parece que los nuevos vayan a tener mucha más capacidad de maniobra. Eso sí, como advierte con ironía un especialista en economía regional, cesarán de inmediato las críticas de los poderes locales por la mala gestión.

¿CÓMO SE ARTICULA LA SOLIDARIDAD?

Es uno de los aspectos más ambiguos del acuerdo y sobre él los especialistas muestran también algunas reticencias a partir del dato cierto de que el sistema actual se ha revelado muy eficaz a la hora de reducir las distancias entre unas autonomías y otras. Un ejemplo: si la media española en cuanto a Producto Interior Bruto (PIB) por habitante es 100, Cataluña está en 122. Sin embargo, si se observa el índice que mide la renta familiar disponible (es decir, restados los impuestos y añadidas las transferencias que los particulares pueden recibir del Estado por diversas vías, como becas o subvenciones), Cataluña está en 108 para la misma media de 100. El País Vasco pasa de 115 en PIB per capita a 107 en renta disponible, y Andalucía sube de 71 a 83. Es una prueba de cómo actúan los mecanismos equilibradores del Estado.

El texto del nuevo Estatuto catalán, a salvo de reformas posteriores, se refiere a las aportaciones que la Generalitat hará al Estado para garantizar que todas las autonomías pueden alcanzar niveles similares en las prestaciones básicas (educación, sanidad...). Las condiciones son que éstas hagan un esfuerzo fiscal similar y que no alteren la posición de Cataluña en la clasificación de renta per capita. Es decir, que una autonomía que recibe dinero para igualar el nivel de sus servicios no deberá adelantar a Cataluña en cuanto a renta per capita gracias a esos fondos.

¿SALEN LAS CUENTAS?

¿Qué sucede si Cataluña aumenta sus recursos? Como parece del todo impensable que las comunidades más pobres (varias de ellas, con gobiernos del PSOE) pierdan recursos, Zubiri sólo ve dos opciones: subir los impuestos o que el Estado se quede con menos recursos. La primera de las dos posibilidades tampoco parece políticamente posible, de manera que todo apunta a que el Estado perderá recursos o recurrirá al déficit (en este momento tiene bastante margen) para mantener su gasto.

A su favor, el Estado tiene en este momento el ciclo económico, en la parte alta, y el hecho de que las competencias de los gobiernos autonómicos se van a ver mucho más afectadas por el envejecimiento de la población que las suyas. El caso más llamativo es el de la sanidad, un capítulo completamente transferido y en el que la previsión apunta a que el gasto va a dispararse a medio plazo.

Sin embargo, advierte un economista que trabaja para la Administración, será preciso que el Gobierno central tome algunas precauciones para cuando llegue un período de crisis, que siempre llega, y los ingresos dejen de subir con la rapidez que lo hacen ahora. De no haber dispuesto algunas medidas de salvaguardia, el Estado podría debatirse entre el endeudamiento masivo o la inacción.

En todo caso, los especialistas coinciden en que la parte económica del pacto se ha negociado de abajo arriba. Es decir, que primero se ha determinado la suma final y luego se han dispuesto los sumandos. Es un episodio más de la historia de la financiación autonómica en España, que se ha basado, explica Zubiri, en acordar primero el dinero y luego revestir el pacto con criterios, y no al revés. «Esto es un parche de corto plazo, una etapa más en un proceso que no se sabe a dónde va a llevar. Cuando alguien pide corresponsabilidad fiscal -concluye-, lo que quiere en realidad es más dinero».