Un general defiende la intervención del Ejército si algún Estatuto sobrepasa la Constitución

La celebración de la Pascua Militar se convirtió ayer en el centro de la polémica de una forma inesperada. El responsable fue el teniente general del Ejército de Tierra y general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, quien afirmó que el Ejército tiene obligación de actuar si un Estatuto de Autonomía sobrepasa los límites marcados por la Constitución.

El alto mando, de 64 años, aprovechó la celebración de su última Pascua Militar en activo -el próximo mes de marzo pasará a la reserva- para plantear esta cuestión, hasta ahora nunca tratada en público por un oficial. Al tiempo que el Rey ofrecía en el Palacio Real un mensaje conciliador, Aguado recordó en Sevilla que el artículo VIII de la Carta Magna asigna a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la integridad de España y el ordenamiento constitucional.

Esta mención llegó a oídos de Bono, y de los jefes militares durante la recepción que ofreció Don Juan Carlos tras su discurso y fue acogida con inquietud, según fuentes del Ministerio, porque «sonaban raras, fuera de tono y desafinadas».

Tres posibilidades

Fuentes de Defensa explicaron que Bono se reunió después con los jefes de Estado Mayor para estudiar qué hacer con el general Mena Aguado. Bono y la cúpula militar barajaron en ese cónclave tres posibilidades: destituirlo de forma fulminante, arrestarlo o pasarlo a la reserva. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Félix Sanz, propuso al titular de Defensa el cese inmediato del teniente general.

De momento, Bono ordenó ayer al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Antonio García González, que trasladase al general la orden de presentarse hoy a las diez de la mañana en el Ministerio para dar cuenta de sus declaraciones. En cualquier caso,el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, afirmó ayer que Bono le aseguró por teléfono que el militar será sancionado.

Las fuentes de Defensa consultadas consideran una «torpeza» y una «excentricidad» las palabras que pronunció el general, que «no reflejan el sentir del Ejército, ni siquiera de los militares más conservadores». También se mostraron muy molestos por el hecho de que eligiese una festividad como la Pascua Militar para hablar del Estatut.

El pasado mes de octubre el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz Roldán, admitió en un desayuno ante la prensa que existía cierta «preocupación» de la cúpula militar ante la propuesta de reforma del Estatuto catalán, pero no quiso aventurar más cuestiones sobre el papel del Ejército y se limitó a dejar constancia de su «plena confianza en las instituciones y en nuestro Gobierno».

El jefe de la fuerza terrestre sí se adentró en cambio en ese terreno que el JEMAD eludió pisar. «Siempre he recalcado que los militares no debemos entrar en disquisiciones políticas, que lógicamente corresponden a los políticos -concedió-, ahora bien, es nuestra obligación alertar». Mena Aguado recordó así, en pleno proceso de reforma de varios estatutos de autonomía, que la Constitución marca unos «límites infranqueables» y advirtió de que si fueran sobrepasados «sería de aplicación el artículo octavo».

«Impensable»

El teniente general se mostró en cualquier caso convencido de que no hará falta llegar tan lejos porque «afortunadamente», dijo, en estos momentos parece «impensable» que esa vulneración del texto constitucional se vaya a producir. Ahora bien, afirmó que la aprobación del Estatuto de Cataluña, en los términos en que ha sido planteado por el Parlamento autonómico traería «graves consecuencias» tanto para las Fuerzas Armadas como institución, como para las personas que lo integran.

En este punto se refirió específicamente a unos de los aspectos de la propuesta: la obligatoriedad de conocer el catalán para todo aquel que viva o trabaje en Cataluña. A su juicio, se trata de una «aspiración desmesurada» que, afirmó, «obligaría en las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa autonomía de la misma forma que actualmente se regular los destinos en el extranjero».

Las reacciones no se hicieron esperar. Casi todas las formaciones políticas saltaron a la palestra para mostrar su repulsa a la advertencia del militar, que tacharon de «inaceptable». Asimismo, pidieron al Ejército que no se meta en cuestiones de política. Algunas, como IU, reclamaron el cese inmediato del militar.

Críticas a Zapatero

El PP, sin embargo, eludió analizar el contenido de sus palabras y se limitó a responsabilizar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del clima de tensión que a su juicio vive el país. El secretario de comunicación de la formación, Gabriel Elorriaga, afirmó así que advertencia del jefe de la Fuerza Terrestre es el reflejo de la «situación que estamos viviendo».

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, tildó las apelación de Mena Aguado al artículo VIII de la Constitución de «amenaza», pero se mostró convencido de que se trata de una intervención realizada a «título personal».

Entre las fuerzas políticas de Cataluña la reacción fue unánime. Desde ERC señalaron que en democracia «las amenazas no sirven de nada», mientras en CiU insistieron en que «un militar no debe tener un criterio político público». Desde Andalucía, tanto el PA como IULV-CA rechazaron las «gravísimas» afirmaciones del militar.