El Gobierno pide a las autonomías más de 12.000 millones para la Ley de Dependencia

Después de lograr un acuerdo con los agentes sociales -sindicatos y empresarios- sobre el futuro Sistema Nacional de Dependencia, el Gobierno abre ahora la ronda de contactos con las comunidades autónomas, grandes protagonistas junto a la Administración central de este reto inmenso. Sin ellas no sería posible, dado que gestionan -en menor medida también los ayuntamientos- las competencias en asuntos sociales, y compartirán el esfuerzo presupuestario de poner en marcha el cuarto pilar del estado del bienestar.

El Ejecutivo pedirá a las CC AA que aporten algo más de 12.000 millones de euros en los ocho años que tardará el sistema en ponerse a pleno rendimiento, de 2007 a 2015. Es, dijo Jesús Caldera, la misma cantidad que la Administración central se ha comprometido a invertir para garantizar la implantación de este nuevo derecho social para todos los españoles que por enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí mismos.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anunció ayer que esta semana abrirá una ronda de contactos con las CC AA preparatoria de la Conferencia Sectorial del próximo 18. Será en este foro decisivo donde empezará a negociarse el texto aprobado el 23 de diciembre en Consejo de Ministros.

Proyecto aplaudido

Hasta ahora, el anteproyecto de Ley de Autonomía -que llegará al Parlamento en dos o tres meses- ha concitado el aplauso de sindicatos y empresarios, pero serán los gobiernos autonómicos los que deberán darle el sí y aprobar el cuadro macroeconómico propuesto.

El Ejecutivo central espera repartir con las administraciones autonómicas (y locales) al 50 por ciento la carga financiera del coste nuevo de levantar el edificio de atención integral a la dependencia. Por su parte, se compromete a invertir 12.638.197.811 millones de euros hasta el 2015 de forma progresiva. Así, pasará de los 400 millones del primer año (2007), a los 1.500 en el año 2011 y a los 2.212 millones en el ejercicio 2015, cuando ya estará activo al cien por cien. «Si las comunidades hacen una aportación similar, se cubrirían las necesidades del Sistema de Dependencia», además de las aportaciones que harán los propios usuarios.

Aunque ninguna ha dado aún garantías, Caldera confía en un consenso autonómico general por pura lógica. «No alcanzaría a comprender que alguien no quisiera participar». De ser así, «tendría que explicárselo a sus ciudadanos», añadió.

El argumento vale también para el futuro debate de la ley en el Parlamento. De momento, sólo sus socios de IU y ERC han adelantado el respaldo, pero espera que el PP sea consecuente y secunde una iniciativa que ya recomendó la Mesa del Pacto de Toledo en 2003, cuando gobernaba aún José María Aznar.

Junto a la Administración central y las autonómicas-locales, el tercer socio financiero para sostener el futuro Sistema Nacional de Dependencia -que tendrá una puesta en marcha gradual- serán los propios usuarios, que pagarán por los servicios que reciban según su nivel de su renta y patrimonio.

9.000 millones al año

De los más de 9.000 millones de euros anuales que costará la atención a los dependientes españoles -el 1% del PIB-, se estima que los ciudadanos aportarán directamente unos 2.500; otros 4.500 los sufragarán a medias los gobiernos central y autonómicos, y los 2.000 restantes son los que ya se invierten ahora para financiar la escasa y desigual red asistencial existente.

A los usuarios se les hará un traje a medida. El Estado y sus administraciones catalogarán a los dependientes según su grado de incapacidad para valerse por sí mismos, con baremos técnicos iguales en todas las comunidades. Habrá tres grados, dependientes moderados, severos o grandes dependientes; cada grado con dos niveles. A cada uno se le garantizará las prestaciones adecuadas, sea una plaza en residencias de ancianos, en un centro de día, cuidados personales, atención domiciliaria por horas, dispositivos de teleasistencia, etc.

Cuando no sea posible, le concederá una ayuda económica para que busque el servicio en el mercado privado. También cabe, de manera excepcional, que la persona necesitada sea atendida en casa por alguien de su familia que recibirá un pago por ello y deberá darse de alta en la Seguridad Social.