Inmigrantes sí, comunitarios no

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales desgranó ayer nuevos detalles de la fisonomía del Sistema Nacional de Dependencia. Será un derecho de ciudadanía que se unirá a la pensión, la sanidad pública y la educación, del que podrán beneficiarse los ciudadanos españoles mayores de tres años, y también los ciudadanos inmigrantes que trabajen y coticen en España durante el tiempo establecido en los reglamentos de extranjería, precisó Caldera. No incluirá a los extranjeros dependientes que residan en España, caso de los jubilados de otros países comunitarios, a menos que sus naciones de origen paguen «el 100% de los servicios» por medio de convenios con el Estado español, y que haya plazas y recursos suficientes.

A pesar del ingente gasto que supondrá la creación de una nueva red asistencial integral para personas mayores o discapacitados en situación de dependencia, el Gobierno no prevé subir ningún impuesto para sufragarlo, ni directo ni indirecto, y tampoco se tocará el superávit de la Seguridad Social, aclaró el ministro.

A riesgo de pecar de «optimista», Caldera aventuró que el futuro Sistema español de Dependencia, más semejante al modelo nórdico de copago que al alemán de cotización o al asistencial de los países del sur, será «el mejor o de los mejores de Europa», y colocará a España «a la cabeza» de la protección social del continente.