Democracia viciada en Cataluña
La Generalitat está utilizando a un niño de cinco años para proclamar la persecución de las personas, el señalamiento supremacista y los delitos de odio como derechos legítimos
La persecución a la que está sometiendo la Generalitat catalana a un niño de cinco años y a su familia, por reivindicar en un colegio de Canet su derecho a recibir el 25 por ciento de su formación en español , es más propia de las dictaduras excluyentes que de una democracia. La operación política de acoso y aislamiento social de esta familia es indigna y, sobre todo, cobarde. Se les ha masacrado en redes sociales, muchos otros padres del colegio han hecho comentarios con tintes racistas, y algunos exponentes del independentismo más rancio han llegado a plantear un apedreamiento de la vivienda de esa familia . Más insultante aún es que un conocido mosso d´Esquadra que suele hacer ostentación de su secesionismo radical, usando su cargo y uniforme para ello, haya impulsado una campaña incitando a aislar al niño del resto de compañeros, y que se le imparta clase a él solo. Es la cruel política del hostigamiento, del señalamiento, de la estigmatización, de la criminalización. Que toda una familia tenga que recurrir al Tribunal Superior catalán, no ya en demanda de un reconocimiento de sus derechos esenciales, sino pidiendo ayuda y protección física frente a unos desalmados, indica hasta qué punto es grave la situación.
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Siendo indignante la reacción de la Generalitat , y en particular de su consejero de Educación, Josep González-Cambray (ERC), cuando afirma que «no estamos delante de un problema real, sino de una mentira», más frustrante resulta que el Gobierno de la nación, y en particular la ministra de Educación, Pilar Alegría, guarden un silencio cómplice y minusvaloren esta injusticia. Lo mismo que el PSC, que con tal de no apoyar jamás iniciativas de Vox, Ciudadanos o el PP en Cataluña, siempre condena tarde y mal y se pone de perfil ante las provocaciones más ofensivas del separatismo. Conviene decirlo lo más alto y claro posible: en Cataluña sí existe un «problema real» de quiebra social y persecución . De hecho, existen tres: primero, el de la pasividad absoluta del Estado ante la erradicación del castellano impuesta por la Generalitat; segundo, la jactancia pública en la desobediencia de las sentencias; y tercero, la instigación desde las propias instituciones de una atmósfera de desprecio y señalamiento contra un chiquillo de cinco años con ostentación de delitos de odio viscerales. Es mucho más delicado aún que la clásica exclusión política del disidente. Es la utilización espuria de un menor para proclamar la persecución de las personas como si fuera un derecho legítimo. Pero por más que la Generalitat lo trate de maquillar, aquí solo hay podredumbre moral. Argumentar, como hace el consejero, que apenas setenta familias de entre seis millones de catalanes exigen las clases en español, y que esa minoría debe renunciar a sus derechos sometiéndose y claudicando sin rechistar para favorecer a la mayoría, dice mucho de la patología que aqueja a sectores de la sociedad catalana. Aunque fuera una sola familia la que reclamase, estaría en su derecho, porque este conflicto no va de cantidades, sino de garantías y libertad. Ni esto es inmersión, ni esto es ‘normalización lingüística’. Es escarmiento ideológico.
Un Gobierno que consiente que en partes de España no se hable ni se enseñe en español, y que además renuncia a que el idioma oficial deje de ser lengua vehicular, es un Gobierno desleal con la Constitución
Además, no es creíble que sean setenta familias. Quizás sean setenta las que tienen la valentía de hacer valer sus derechos, la ley y las sentencias. Pero a buen seguro hay muchas más que, visto lo visto, guardan silencio para no tener que sufrir este escarnio ni episodios idénticos de ‘bullying’ institucional , ante los que el Gobierno de Pedro Sánchez debería actuar de inmediato . Un Gobierno que consiente que en partes de España no se hable español, no se enseñe en español o no se escriba en español, y que además renuncia a que el idioma oficial deje de ser vehicular en una zona del territorio, es un Gobierno desleal con la Constitución. No son Sánchez, ni el PSC, quienes la cumplen «de pe a pa», como dijo días atrás el propio presidente. Lo único que se cumple de pe a pa en Canet es un acto de supremacismo , doblemente alarmante cuando se deja atada de pies y manos a la Inspección educativa del Estado. Tampoco es cierto el argumento de la Generalitat de que la sentencia que impone la cuota del 25 por ciento fue dictada a favor de una ley del PP que ya no está en vigor, y que ha sido superada por la ley Celáa. El problema no es a qué ley aludan los recursos, sino que se respete la doctrina que impone en todo caso el cumplimiento de ese 25 por ciento. No hay ningún embrollo jurídico. Alegar eso es solo pervertir la realidad a capricho para justificar el desacato a un mandato judicial, que además afectará a cada director de colegio que lo incumpla. En esta Cataluña repleta de verdugos de las libertades, la democracia está viciada. Es muy incompleta.
