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Las protestas de los trabajadores de la Panificadora Butrón se enquistan y no se atisba solución
chiclana
Varios empleados están desde hace meses en huelga, calificada de «ilegal» por la empresa, y acampan a las puertas de la nave solicitando la readmisión de un compañero despedido
Desde hace casi cinco meses, varios trabajadores permanecen acampados día y noche frente a la nave de la empresa chiclanera Panificadora Butrón. El motivo del conflicto, el despido de dos trabajadores. Para la empresa, por motivos disciplinarios «graves». Para los huelguistas, por reclamar mejores condiciones de trabajo.
José María Guerrero Alba, uno de los dos empleados despedidos, sitúa el origen en una reclamación de mejoras laborales y salariales, puesto que su turno comprendía «de domingo por la tarde hasta el sábado por la mañana, cobrando 830 euros, sin horas extras ni nocturnidad trabajando más de 50 horas a la semana».
Argumentando una negativa de la panificadora, se afiliaron a la CGT y el resto de compañeros eligió a José María como delegado. «El convenio estaba caducado desde 2016 y exigimos tres pagas, de las cuales no nos dieron ninguna y nos hacían firmar como si las hubiéramos cobrado. Igual que las vacaciones, que teníamos 15 días en vez de 30».
Primero llegó el despido de Paqui y a la semana el de José María «por fumar en un patio y por varias faltas injustificadas», aunque el empleado cree que es por haberse erigido en representante sindical. El 11 de noviembre varios compañeros iniciaron una huelga y protestan por la situación.
Desde aquel momento, cobran, menos de lo que percibían en la empresa, gracias a la caja de resistencia que hicieron a través de la CGT. Reciben también ayuda de diferentes colectivos, como la Marea de Pensionistas de Cádiz, que encabezada por su presidente Gabriel Biosca defiende una salida a la situación por el bien de las familias que sufren las consecuencias.
«Tenemos una carpa informativa en la que estamos las 24 horas», dice José María Guerrero. Tuvieron una reunión con el alcalde de Chiclana, José María Román, que intentó mediar en determinados momentos en el conflicto. También con representantes locales de Podemos en Chiclana y de Adelante Andalucía, que trasladó la situación al Parlamento Andaluz. «Pero ya está», expone el exempleado.
La empresa rebate a los huelguistas
La visión expuesta por la empresa es diametralmente opuesta. «Tienen una demanda puesta por huelga ilegal porque esos 16 trabajadores no siguieron los pasos pertinentes», dice Rosa María Butrón, encargada de administración y socia propietaria. Esa situación llega tras el despido de Guerrero, al que desde Panificadora Butrón reconocen como delegado de la CGT pero no dentro de la empresa.
«Su despido no es solo por fumar, es por varias cosas más y son motivos disciplinarios graves, al igual que la otra empleada. No puedes despedir a nadie sin que las causas estén claras», exponen desde la empresa, agregando que ambos despidos se encuentran judicializados.
Para Butrón, que el sindicato ponga como única exigencia la readmisión de José María Guerrero para acabar la huelga supone una paradoja: «Si tan malos y tan negreros somos, ¿quiere volver? Él lleva trabajando siete años con nosotros. ¿Si estás mal aguantas tanto tiempo? Es más, ha traído a gente de su familia a la empresa».
La panificadora, que no se plantea la vuelta de Guerrero, denuncia boicot y difamación: «Nos han pinchado ruedas de vehículos de la empresa, nos han robado gasoil y nos han cortado el wifi, entre otras cosas. Y sufrimos un linchamiento nacional que no consideramos normal».
«Lo raro es que nunca ha contactado con UGT, que es el sindicato implantado en la empresa, para quejarse de la situación», afirma Rosa María, asegurando que cuatro personas de las que reclamaban han regresado a sus puestos de trabajo, salvo uno que solicitó la baja para trabajar en otro lugar, «porque se han dado cuenta de que era un sinsentido».
Desde Panificadora Butrón creen que esta situación se está manteniendo a lo largo de los meses porque aseguran que la CGT está pagando a los empleados en huelga, dando a entender que de lo contrario no estarían aún acampados: «Dicen que la CGT les está pagando 600 euros todos los meses. Eso son 600 por 16 personas. No sé qué dinero dará la gente, la verdad»
Solución compleja
Dado lo enquistado de la situación, parece difícil que esta problemática se solvente de manera satisfactoria para alguna de las dos partes más allá de lo que pueda dictar la justicia. Los trabajadores en huelga también han denunciado su situación a la Inspección de Trabajo, sin respuesta de momento.
Varios colectivos abogan por el entendimiento pero este extremo parece complicado porque la tirantez se hace mayor con el paso de unas largas jornadas que ya van haciendo mella.
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