colegio de abogados
Terremoto en la Mutua de los abogados
Los letrados denuncian en los tribunales los comicios de este órgano, que gestiona 5.000 millones «por poco democrático»
Por «opaco, poco democrático y vulnerar los derechos de los mutualistas» , un numeroso grupo de abogados exigen la nulidad de las elecciones en las que se eligió, el pasado mes de junio, a los 62 representantes de Madrid en la Mutualidad General de la Abogacía. Esta entidad, que entiende básicamente de jubilaciones y fondos de pensiones, gestiona cerca de 5.000 millones de euros, cifra similar a la capitalización bursátil de un banco medio español. Los afectados tienen un acta notarial de las presuntas irregularidades de la jornada electoral y han llevado al caso a los tribunales de Justicia.
En España hay unos 180.000 mutualistas. En Madrid, 37.880. La Mutualidad General de la Previsión Social de la Abogacía está compuesta por 248 miembros de los que 62 corresponden, como señalamos, a la circunscripción madrileña, es decir representan el 25% de la entidad. «Hay que repetir las elecciones porque hubo trabas para que muchos abogados madrileños no pudieran ejercer su derecho al sufragio. No nos dieron tiempo. Una hora. No es de extrañar que de los 37.880 que somos sólo votaran 800», comentan a ABC fuentes de los demandantes.
En su demanda al Juzgado de Primera Instancia, los afectados denuncian la imposibilidad de ejercer su legítimo derecho al voto «de diez mutualistas que se encuentran dentro de la sala y que, a su vez, llevan delegaciones, lo que hace un total de 40 votos». Las urnas estaban en la sede del Colegio Oficial de Abogados de Madrid (ICAM), en la calle de Serrano. «Además –se añade en la denuncia– y como consecuencia del cierre de las puertas, se impide el ejercicio del derecho al voto a otras 105 personas, entre presentes y representados».
Este «escándalo sin precedentes» , como lo califican los afectados, tiene su origen en el periodo asignado para la votación: una hora. «Intentamos convencer al presidente, Antonio A. M. para prorrogar el tiempo de votación. Fue imposible. Tampoco comenzó y finalizó en los tiempos correctos». Un notario levantó acta de lo ocurrido.
En la demanda se denuncia la vulneración del derecho al voto de los mutualistas, la presunta ilegalidad de las instrucciones para la votación, y la responsabilidad personal de los cargos directivos en el proceso de votación, infracción muy grave esta última según la normativa vigente.
«¿Son sus hijos?»
Los demandantes consideran, y así lo hacen constar, que «estamos ante un procedimiento sin ninguna garantía... No hay publicación de censos ni posibilidad de rectificación de los errores que ellos contengan ... No hay publicidad de candidatos puestos estos se conocen el día de la votación. Los candidatos no disponen de medio alguno para hacer públicas sus propuestas... Ni de las papeletas electorales con anterioridad a la votación». «Es –insisten–, un sistema que no protege los derechos de los mutualistas. Protege otros intereses».
Para rematar la polémica, se denuncia que dos personas con el mismo apellido que el presidente de la Mesa electoral –Antonio A. M.–, salieron elegidas. «¿Serán familiares? ¿Serán sus hijos? Tal vez sea una suposición, pero de no serlo este hecho rompería el principio de imparcialidad de la Mesa y vulneraría el artículo 21 de los Estatutos». La bronca está servida.
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