madrid
«Plante» de los abogados de oficio para recuperar el 20% de su jornal
Durante seis semanas sus guardias serán solo para detenidos y violencia de género y trata de seres humanos
A partir del 9 de marzo, y durante seis semanas, los abogados del turno de oficio de Madrid reducirán su asistencia gratuita y no asumirán más labor que la «estrictamente asignada», según anunció ayer la decana del Colegio Oficial de Abogados de Madrid (ICAM) , Sonia Gumpert. Esta especie de «plante» es para protestar por una supuesta «retribución injusta» de la Comunidad de Madrid hacia el citado colectivo de letrados. Quieren recuperar el 20% de sus retribuciones y que se abonen en plazo.
El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, salió al paso de inmediato: «Madrid paga en un plazo mucho más corto que otras comunidades». Además, exige a Gumpert que explique cómo se gastan los 2,5 millones de euros adicionales que el Gobierno regional asigna para mantener las infraestructuras y el personal que el ICAM destina a la justicia gratuita.
El «plante» del ICAM consistirá en no realizar «prestaciones adicionales». Eso supone que, en esas seis semanas, los abogados del turno de oficio, en sus guardias, sólo atenderá a detenidos, víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos. Además, el servicio de orientación jurídica se limitará al «cumplimiento estricto de las obligaciones legales». Los letrados de este turno tramitarán todos los expedientes «siempre que incluyan la información completa, ya sea por los órganos judiciales o por los ciudadanos», dijo ayer la decana del ICAM.
Una sola reunión
Este conflicto arranca en 2011. Ese año, y para el ejercicio de 2012, el baremo de pago a los abogados de oficio se redujo un 20% por razones relacionadas con la crisis económica. «Pese a ello, pagamos más que otras autonomías», señala el consejero Victoria. La decana insiste, por su parte, que la Comunidad de Madrid adeuda al ICAM el tercer y cuarto trimestre de 2014, unos 15 millones de euros. Sobre este importe, el Gobierno regional ya se ha comprometido a abonarlo a finales del próximo mes de marzo.
«Agotadas todas las vías de negociación», Sonia Gumpert también anunciaba ayer la ruptura de las negociaciones con la Comunidad de Madrid. «No sé a que negociaciones se refiere en concreto porque este consejero sólo se ha reunido una vez, la semana pasada, con la decana de la organización colegial madrileña», explica Victoria.
El consejero admite que una subida del 20% en el baremo «es, en estos momentos, implanteable». Propone tres puntos de diálogo para ir amortiguando la situación. Primero, estudiar una escala de baremos para que no se pague igual al letrado que lleva una causa grande que al abogado en quien recae una causa de menor envergadura. Segundo, lograr una mayor transparencia por parte del ICAM en cuanto al funcionamiento de la justicia gratuita y, en especial, saber de qué forma y bajo qué criterios se distribuyen los casos a los letrados.
El tercer punto que la Comunidad pondría sobre la mesa es la necesidad de que el ICAM detalle cómo se gasta el dinero que el Gobierno regional le asigna, cada año, para las infraestructuras y el personal que el colegio dedica a la justicia gratuita. Son 2,5 millones anuales más 24 euros por cada expediente tramitado.
Pese al «plante», Sonia Gumpert cree que «el ciudadano no lo va a notar. En ningún caso se van a resentir sus derechos fundamentales», dijo ayer en rueda de prensa. Admite que son «medidas de presión» y se muestra «abierta a la negociación». La decana calculaba ayer que un letrado del turno de oficio cobra 240 euros por un procedimiento abreviado cuando en el mercado libre se puede llegar a los 1.800 o a los 3.500 si es ordinario.
Noticias relacionadas
