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El diputado rechaza ante el juez que tuviera poder de decisión y asegura que Aguilar y Vela tan sólo le daban cuenta de las gestiones
El diputado del PP y exconseller de Economía Gerardo Camps acudió ayer a la Ciudad de la Justicia de Valencia para declarar como testigo en el conocido como caso Nóos, donde se investigan, entre otros, los contratos de Urdangarin con la Generalitat Valenciana. Camps, que en principio iba a declarar por videoconferencia acudió finalmente a la sede judicial, aunque entró por la puerta del juzgado de guardia para tratar de esquivar a los fotógrafos. A su salida, tras una breve declaración, dijo que todo era «público y notorio» y constaba en las actas.
Virginia López, la abogada del sindicato Manos Limpias que ejerce la acusación popular en el caso Nóos, destacó a Efe un detalle de la declaración del testigo, en su opinión, primordial. Las actuaciones «se sometían a la ley de contratos públicos del Estado». Gerardo Camps fue presidente del consejo de Administración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) cuando se cerraron las contrataciones para la celebración de los Valencia Summit.
La letrada insistió en la relevancia de lo admitido por Camps pues «a la hora de la contratación de todos los convenios con el Instituto Nóos , se vulneró esa ley de contratos» y como consecuencia de ello «arrancaron los presuntos delitos» de la entidad que dirigían Iñaki Urdangarin y Diego Torres.
En cualquier caso negó que él tuviera participación en estas contrataciones. El testigo dijo que «los parieron y los gestionaron» los ex directores generales de Cacsa, José Manuel Aguilar (2003-2005) y Jorge Vela (2005-2009), según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración. Admitió que su cargo era político y realmente no tenía un poder sobre Cacsa. Los directores generales sólo le daban cuenta de las gestiones.
El juez Castro, que junto al fiscal Horrach viajaron desde Palma, dijo que las declaraciones no habían aportado nada especialmente relevante. Fue preguntado nuevamente por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se opone a la imputación de la infanta Cristina. El instructor respondió que es muy de «respetar que el señor fiscal haya hecho sus alegaciones». «Si es a destiempo o no, es una cosa que le corresponde a él y ya se valorará cuando se dé el trámite al respecto junto a las demás alegaciones que se puedan hacer», declaró.
El TSJ rechazó recientemente imputar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente Camps al no hallar indicios de delito en su actuación. De esta forma, rechazaba la exposición motivada del juez Castro que concluía que todas las contrataciones con Urdangarin «se adjudicaron «a dedo», asintiendo verbalmente Barberá y Camps a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas. Cada edición de los Valencia Summit, un evento para analizar la importancia del deporte y turismo, costó más de un millón de euros.
