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Fernando García, el padre de una de las niñas asesinadas, en la puerta de un juzgado. / Damián Torres
El triple crimen de Alcàsser está a punto de prescribir sin que se haya detenido al presunto autor material de los asesinatos. Un juez sustituto de Alzira recaba jurisprudencia y analiza de forma minuciosa el sumario para determinar la fecha irrefutable a partir de la cual Antonio Anglés ya no podría ser imputado.
La responsabilidad criminal se extingue, según el Código Penal, a los 20 años cuando la pena máxima señalada para el delito es de 15 o más años de prisión. Con la ley en la mano podría darse el caso de que Anglés apareciera y disfrutara de su libertad, mientras que Miguel Ricart seguiría en prisión hasta el año 2023.
El próximo 13 de noviembre se cumplen dos décadas de la desaparición y asesinato de las tres menores, que fueron vistas con vida por última vez cuando se dirigían desde Alcàsser a la discoteca Coolor de la vecina localidad Picassent, a la que nunca llegaron. La búsqueda de las adolescentes concluyó el 27 de enero de 1993. Aquel fatídico día, un apicultor descubrió la fosa donde Anglés y Ricart enterraron los tres cadáveres en el paraje de La Romana, en el término de Tous.
Para Fernando García, el padre de una de las niñas asesinadas, «si prescribe el triple crimen la justicia dejará de tener sentido». Aunque no se plantea el hipotético caso de un prófugo sin castigo, García reprueba la impunidad que contempla el artículo 131 del Código Penal para algunos casos criminales sin resolver. «Sería un escándalo que no pudieran detener ahora al autor de tres asesinatos por mucho tiempo que haya pasado», sostiene el padre de Miriam. «Es de locos pensar en eso», añade.
También afirma que no ha perdido la esperanza de que algún día «se sepa toda la verdad» sobre la fuga de Anglés, cuya búsqueda podría reactivarse por una petición expresa de la asociación Clara Campoamor, que ejerció la acusación popular en el caso Alcàsser.
El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Antonio Llácer, califica la prescripción del triple crimen de una situación «jurídicamente inatacable», aunque matizó que entiende la incomprensión de los familiares de las víctimas. «Todos los sujetos deben estar a lo que marca la ley o habría que cambiarla. Las garantías procesales tienen que estar presentes en un estado de derecho», asevera el decano de los abogados alcireños.
«Aunque se trata de un caso muy sangrante, es lo que marca la ley. Podría darse el caso de que Anglés apareciera y no se le podría imputar», asegura Llácer. «Entiendo perfectamente las reacciones de incredulidad. Si yo fuera familiar de alguna de las víctimas tampoco lo entendería», insiste.
Para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Valencia, Francisco Silla, el debate de la prescripción tiene que centrarse en el poder legislativo, que tiene la potestad de hacer y reformar las leyes. «Lo único que cabe es aplicar la ley, y si se piensa que no es justa hay que procurar que el legislativo la cambie», precisa Silla.
Retraso de la prescripción
Mientras se acerca el día de la extinción de la responsabilidad penal por el triple crimen, la fecha exacta se desconoce porque el Código Penal interrumpe la prescripción en casos muy determinados cuando el procedimiento se retrasa por diferentes circunstancias. Por ello, el juez Sergio Montoya, que sustituye a la magistrada del juzgado de instrucción número 6 de Alzira –por enfermedad de la titular–, analiza de forma minuciosa el sumario y recaba también jurisprudencia para determinar el día que Anglés sería inimputable.
Diversas fuentes judiciales consultadas comienzan a computar los 20 años desde el día de los crímenes, el 14 de noviembre de 1992 –Miriam, Toñi y Desirée desaparecen el 13 de noviembre pero fueron asesinadas en la madrugada del día siguiente–, y otros juristas calculan la fecha tras la primera orden de detención de Anglés dictada por el juzgado de Alzira.
El día 13 de marzo de 1993, un mes y unos días después de que aparecieran los cadáveres, el juzgado de Alzira decretó la orden internacional de búsqueda y captura. Cuatro días antes, el 9 de marzo, la fotografía de Anglés era remitida a las policías de varios países de Europa. El fugitivo se escondía entonces en Portugal tras pasar una noche en Madrid y amenazar de muerte a un agricultor de Vilamarxant para que lo llevara a Minglanilla. Luego embarcó como polizón en un barco, saltó al mar en Francia –aunque un helicóptero lo devolvió al buque–, y se lanzó al agua otra vez en Irlanda, donde se pierde su pista.