«En mi opinión no podríamos alegar desconocimiento de todo esto, y desconozco si con esto estaríamos incurriendo en algún incumplimiento legal». Esta frase figura en el correo que envió el anterior director territorial de la CAM en Murcia, Ildefonso Riquelme, el 1 de marzo de 2011 a la Secretaría de Órganos de Gobierno y al director de la Asesoría Jurídica de la entidad sobre las operaciones crediticias realizadas para sus negocios inmobiliarios por Juan Ramón Avilés, que era presidente de la Comisión de Control de la caja. Avilés está imputado por los supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal en la causa que instruye el juez Javier Gómez Bermúdez en la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades en la cúpula de la CAM.
En otro correo interno se pasaron por alto las objeciones a la viabilidad de las operaciones crediticias para la explotación hotelera y turística de un proyecto en Sucina vinculado a Avilés. La respuesta del director de Inversiones de la CAM fue: «Manolo, me parece que habrá que seguir adelante con ambas».
Según la información avanzada ayer por la Cadena Ser, en la documentación aportada por la Dirección General de Supervisión del Banco de España se recogen varios correos que aluden al trato supuestamente favorable que recibió Avilés de la entidad que debía controlar. El Banco de España subraya que éste «mantuvo una gran diligencia, según responsables de la entidad, en que la caja conociera, cuanto antes, formalmente su desvinculación con las mencionadas sociedades», en referencia a las promociones La Vereda de Sucina SL y Campos de Sucina SL. El Banco de España, personado en la causa a través del FROB, acusa a Avilés de utilizar a su hermana como supuesto testaferro.
Así figura en uno de los correos, como informó la Ser, en el que Ildefonso Riquelme detalla al director jurídico que «aunque la venta de acciones es a su hermana, y por tanto las operaciones crediticias de estas empresas no tendrían que ser informadas al IVF, de hecho sigue siendo Juan Ramón Avilés quien sigue tomando todas las decisiones empresariales». Añade: «A su hermana no le conocemos actividad económica, por lo que desconocemos cómo se ha hecho la transacción. Es posible que tenga problemas fiscales. De hecho ella es la alcalde pedáneo de Sucina, y sus ingresos difícilmente pueden justificar la compra de un grupo inmobiliario. Estos hechos son conocidos tanto en la oficina donde opera como por su entorno. Y de todos es conocido que Juan Ramón sigue estando y operando de facto como propietario».
En otro documento se refleja la valoración de empleados de la caja de los riesgos contraídos con el grupo de empresas de Ramón Avilés. El 24 de febrero de 2009, el director de Riesgo Crediticio, Manuel Lerma, se dirige al director general de Inversiones y Riegos, Francisco Martínez, poniendo «en duda la oportunidad de las nuevas financiaciones al grupo del señor Avilés».
Dietas elevadas
Explica que «para el Consejo del jueves hay dos operaciones especiales». Una se refiere a un proyecto inmobiliario vinculado a Juan Ramón Avilés de 174 viviendas en Sucina para el que se pidió un préstamo de 19 millones de euros de principal, teniendo 13 dispuestos. Añadió que a renglón seguido se solicitó un conjunto de cinco operaciones para adecuar apartamentos a la explotación turística y hotelera, con restaurante, cafetería y supermercado. Lerma indica «que estas operaciones a nuestro entender nos presentan aspectos no justificados». Dice que la viabilidad responde más a «un ejercicio de buenas intenciones». El director de Inversiones respondió: «Manolo, me parece que habrá que seguir adelante con ambas».
La Ser recordó ayer que Avilés pudo cobrar de forma irregular créditos ICO y del ICREF (vinculado a la Comunidad Autónoma de Murcia). Añadió que exdirectivos de al entidad pudieron percibir dietas que multiplicaba hasta por 30 el máximo permitido, según un informe remitido al juez por el Banco de España.