El juzgado de lo Penal número 1 de Jerez ha condenado a un año y medio de prisión a A. B. C, el conductor ebrio que ocasionó la muerte de un joven de 31 años al provocar un grave accidente el pasado 11 de abril, en la A-380, entre las localidades de Arcos y Bornos, y que, varias horas después de la colisión, mantenía una tasa de alcohol en sangre de 1,25 gramos. No obstante, el condenado no llegará a ingresar en la cárcel, puesto que carece de antecedentes penales.

La sentencia considera a A. B. C. autor responsable de un delito de homicidio imprudente, en concurso con otro delito contra la seguridad del tráfico, en la modalidad de conducción bajo la influencia del alcohol, por lo que lo condena a 16 meses de cárcel y le priva de conducir vehículos a motor por tiempo estimado de un año y diez meses.

Emilio Díaz, padre del joven fallecido, consideraba ayer la sentencia «un ejemplo de que la justicia cada vez está más alejada de la sociedad, de la lógica y de los sentimientos», y anunció su intención de «recurrirla hasta las últimas instancias judiciales, por honestidad moral y porque se lo debemos a José Miguel».

En el juicio, celebrado el pasado 2 de mayo, la defensa solicitó la absolución del presunto homicida y la fiscal una pena de dos años y cinco meses de cárcel, además de la privación del carné de conducir durante tres años. A. B. C. afirmó, durante la vista, no haberse encontrado «en malas condiciones» para coger su coche tras tomar «unas copas» en la sede del sindicato UGT en Cádiz.

El padre del fallecido insistió en que la sentencia «no hace más que añadir dolor a los familiares», aunque reconoció que «después de lo de Farruquito sabíamos que podíamos esperar una cosa parecida, porque existen antecedentes de sentencias igual de estrambóticas».

Díaz abogó porque «las resoluciones judiciales cumplan con su labor preventiva, y de esta manera está claro que pierden esta función, porque ni siquiera implican la cárcel en casos en los que no haya antecedentes penales».

En los fundamentos de derecho, la sentencia judicial reconoce que «tanto las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil y la pericial del personal del Instituto Nacional de Toxicología demuestran que el acusado había consumido alcohol».