La Policía y la Audiencia Nacional investigan el posible blanqueo por ETA de parte de los beneficios obtenidos con el impuesto revolucionario a través de una sociedad de inversión radicada en el paraíso fiscal de Liechtenstein.

Los investigadores consideran que buena parte del dinero generado por las extorsiones a empresarios vascos y navarros se transfirió a una sociedad de inversión en este paraíso fiscal europeo para que más tarde, ya reintroducido en el circuito financiero legal, pudiese ser recuperado por ETA.

El juez Fernando Grande-Marlaska, en el auto que imputa un delito de colaboración con banda armada al dirigente del PNV Gorka Aguirre, señala que Carlos Bellver Amare, un asesor fiscal -que ni ha sido detenido ni imputado- era el encargado de invertir una parte del dinero recaudado por la red de extorsión. Según las fuentes consultadas, buena parte de este dinero se transfería a una sociedad de inversión ubicada en el citado paraíso fiscal, de la que la Audiencia Nacional tiene por el momento muy escasa información, pero sobre la que ya indaga por si pudiese ser el hilo conductor a los fondos de la banda. La ubicación del dinero de ETA es hasta ahora el secreto mejor guardado de la organización, pues ninguna operación antiterrorista ha logrado dar con sus bienes.