El Tribunal Constitucional acordó no admitir el recurso de amparo presentado por el portavoz de Batasuna contra la sentencia del Supremo por llamar al Rey «responsable de los torturadores». Consideró que las manifestaciones de Arnaldo Otegi tienen un «carácter infame» y superan de manera «patente» el nivel de lo ilícito. El dirigente ya no tiene otra instancia a la que recurrir su condena de un año por injurias graves al jefe del Estado.

El Constitucional consideró en su resolución que Otegi atribuyó al Rey «una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de Derecho» en un «evidente menosprecio» a don Juan Carlos y a la institución monárquica. El portavoz de Batasuna señaló en una conferencia de prensa con motivo de una visita de los monarcas al País Vasco que «el Rey español es el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores, que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia».

Estas palabras no fueron consideradas delito por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El fiscal recurrió y el Supremo condenó a Otegi a un año de cárcel. El portavoz de Batasuna apeló al Constitucional, que ayer rechazó el recurso que justificó sus manifestaciones al abrigo de la libertad de expresión e ideológica.

Contra la dignidad

Argumentos que el Constitucional desechó porque «difícilmente podrá negarse el carácter oprobioso, vejatorio e infamante» de las declaraciones. El fallo consideró asimismo que los comentarios de Otegi afectan «al núcleo último» de la «dignidad» de la persona aludida y, en consecuencia, «no pueden considerarse amparadas por el ejercicio de derecho a la libertad de expresión».

Con esta resolución la condena de un año de cárcel es firme, si bien Otegi no irá a prisión porque la ley determina que por sentencias inferiores a dos años no se debe ingresar en la cárcel. Si tiene en el futuro otra condena, aunque sea menor de dos años de prisión, tendrá que ingresar en un centro penitenciario. En la actualidad, tiene abiertas cinco causas en la Audiencia Nacional en las que se enfrenta a una petición de condena de entre 13 y 23 años de cárcel.