Los presuntos beneficiarios de pensiones por incapacidad que recurrieron al ex jefe de la Policía Local, Carlos Carretero, para que éste les gestionara la obtención de esta ayuda pública, a cambio de una sustanciosa tarifa, están en el objetivo del juez instructor, responsable del nº 1 de Cádiz. Las partes personadas en el procedimiento fueron informadas el pasado jueves de que se ha ordenado al forense del juzgado que cite, a través del Instituto de Medicina Legal, a más de una veintena de personas que podrían haber sido clientes del entramado tejido supuestamente por Carretero.

Este periódico supo que son unas 24 personas que a partir de la semana que viene deberán someterse a una exploración del forense, que debe determinar si tienen la minusvalía que declaran en los documentos intervenidos. Posteriormente, estarán a disposición del juez que les tomara declaración. Algunas de estas personas ya aparecen imputadas por la Guardia Civil, que las detuvo en su día durante el desarrollo de la operación Karlos.

En el último comunicado oficial del Instituto Armado, emitido a finales de mayo, se señalaba a 15 personas, imputadas o detenidas, que estaban en trámite de obtener una pensión fraudulenta o que ya la tenían concedida.

A esa cifra oficial se le sumó una persona más que fue arrestada el 29 de mayo y a quien se le acusa de haber pagado 11.000 euros a la organización. Esta última información, adelantada por este medio, fue también confirmada por la Benemérita, que desde entonces no ha practicado más arrestos. Bien es cierto, que la revisión de los expedientes autorizados por el inspector médico implicado, Francisco Casto Pérez, ha proseguido. De ahí que el juez haya citado a más de veinte supuestos pensionistas.

Nuevas cifras

La exploración que realice el forense está al margen de los exámenes médicos que la Seguridad Social va a someter a once titulares de pensiones. El ministro de Trabajo aseguró en su última comparecencia en el Senado en la que informó sobre el estado de las investigaciones, que el Instituto Nacional de Seguridad Social sólo había detectado doce expedientes irregulares, pese a que la Guardia Civil aseguraba por esas fechas que al menos había 16 personas que disfrutaban de una prestación económica o que estaban en trámite para conseguirla mediante cauces ilegales.

Fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social señalaron a este periódico dos días después de la comparecencia del ministro, que se habían elevado un total de 16 expedientes, pero cuatro de ellos fueron eliminados por no tener nada que ver con la trama; y uno de los doce restantes, iba a ser descartado porque existía un error en el nombre.

En cuanto a la evolución de las diligencias, éstas están encontrando diversos contratiempos, en forma de recurso, que están ralentizando su ritmo. Así, el letrado del inspector Francisco Casto Pérez ha presentado un nuevo escrito solicitando la nulidad del auto que ratifica la prisión ineludible para su cliente, y que fue firmado por el juez instructor el 23 de junio.

El abogado, Felipe Meléndez, entiende que el juez incurrió en un grave fallo cuando dictó un auto sin que se interesara ninguna de las partes y sin celebrar ninguna audiencia para que la acusación o la defensa presentaran o no sus respectivas peticiones. Así, apela a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se explica en uno de sus capítulos cómo el juez debe celebrar una audiencia para que las partes se interesen en decretar prisión o libertad provisional. Otras fuentes consultadas por este periódico explicaron que la misma ley recoge la posibilidad de que no exista dicha audiencia.

Esta petición de nulidad se suma al recurso de reforma por el que se pide la puesta en libertad del facultativo por no existir riesgo de fuga ni peligro para el procedimiento judicial, según la defensa, y al escrito de nulidad de las escuchas telefónicas que implican al médico en la causa.