La detención del empresario cordobés, Rafael Gómez, dentro de la operación Malaya que ha sacudido los cimientos del Ayuntamiento de Marbella, ha colocado a la empresa propiedad del también conocido Sandokán (Arenal 2000), en el punto de mira de la opinión pública. Además de las denuncias formuladas por distintos partidos políticos que hacen referencia a acuerdos irregulares de carácter urbanístico en la zona de Castellar, la promotora está implicada de lleno en el proceso judicial abierto a raíz de la muerte de un obrero durante la construcción de unas viviendas en San Fernando, en el año 1999. Las edificaciones eran promovidas por la empresa de Rafael Gómez.

La próxima semana está prevista la celebración del juicio, repartido en tres sesiones, en los juzgado de lo Penal de Cádiz. Tres aparejadores y dos arquitectos vinculados a la firma Arenal 2000 se sentarán en el banquillo acusados de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro por atentar contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para cada uno de los acusados.

Además de estos cinco trabajadores, otras tres personas están personadas en el procedimiento en calidad de acusados y para quien el fiscal solicita igual pena por los mismos delitos. Estos procesados eran los representantes legales de la constructora (Construandur S. L.) y la firma subcontratada para los trabajos de escayola (Servicio y Contratas Sanlúcar S. L.)

En el escrito de calificación fiscal se pone de relieve la falta de medidas de seguridad que había en la obra y que pudieron evitar la muerte de José Blanco Muñoz, quien estaba vinculado por Servicio y Contratas Sanlúcar S. L.

La víctima, que en el momento del accidente tenía 26 años, estaba casado y tenía una hija, trabajaba en unos bloques de viviendas colindantes, de siete pisos de altura, y ubicadas en la avenida Al-Andalus, donde las edificaciones ocupaban toda una manzana.

El escrito de calificación del fiscal describe cómo en las viviendas había numerosos huecos abiertos a terrazas voladizas, que los obreros aprovechaban para introducir materiales. Esta operación, que repetían constantemente en sus jornadas laborales, los trabajadores se subían a los voladizos de las terrazas para recibir las herramientas que eran transportadas por una grúa. Cuando cogían el material, lo metían al interior de la vivienda.

Para estas peligrosas maniobras, los peones no contaban con medidas de seguridad como vallas de protección o arnés anticaídas, pese a que trabajaban sobre precipicios de muchos metros de altura. Además, el fiscal argumenta que ninguna de las tres empresas implicadas habían exigido ese tipo de medidas ni habían dado formación ni información a la cuadrilla de obreros sobre el plan de seguridad de la obra.

José Blanco Muñoz falleció al caer desde una séptima planta al vacío.

El accidente mortal ocurrió al término de su jornada laboral cuando introducía material subido a uno de los voladizos. La caída no pudo ser amortiguada porque no existían recursos como redes, «y que no se empleaban hasta ese día en la obra por dejación de sus deberes por parte de los acusados», concluye el fiscal.