El acuerdo que firmó el 12 de agosto de 2005 el alcalde de Castellar de la Frontera, el socialista, Francisco Vaca, con el empresario Rafael Gómez, Sandokán, propietario de Arenal 2000, para desarrollar un complejo turístico-residencial en la finca El Chapatal ha suscitado serias dudas entre la clase política de la provincia.

Este acuerdo, que según el alcalde no es un convenio urbanístico, compromete a la Corporación a facilitar los trámites para sacar adelante el proyecto.

A cambio, el promotor ha pagado 1,8 millones de euros, que han sido ingresados en las arcas municipales. Cabe recordar que Rafael Gómez ha sido detenido en la segunda fase de la Operación Malaya que investiga la corrupción urbanística en el municipio malagueño. Rafael Gómez salió el martes en libertad con cargos tras depositar una fianza de 300.000 euros.

Suelo no urbanizable

El portavoz del Partido Popular en Castellar, Roberto Villanueva, insiste en que el suelo de la finca no es urbanizable, mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Lorenzo Sevilla, asegura que este acuerdo no es más que el inicio de la recalificación de los terrenos.

Por su parte, el secretario general del PSOE en la provincia, Francisco González Cabaña, perfirió ayer no opinar sobre el asunto hasta conocer todos los detalles del acuerdo, pero recalcó que la única fórmula legal es el convenio urbanístico.