La provincia gaditana vuelve a recibir un rotundo suspenso en el análisis que cada año hace Greenpeace sobre el estado de las costas españolas. La corrupción urbanística y las irregularidades que se cometen sobre los planes de ordenación son los principales cánceres que diagnostica la organización ecologista, que se reitera en sus llamadas de alerta sobre el progresivo deterioro de los últimos espacios naturales que existen en Cádiz.

Los datos que aparecen en el informe Destrucción a toda costa, describen una realidad comida por el ladrillo, «donde se urbanizan tres hectáreas de terreno al día» en la comunidad autónoma, y como ejemplo pone a la capital gaditana, que según este colectivo tiene el 60,4% de su primer kilómetro litoral urbanizado.

Una saturación, que en el caso de Cádiz, es obligada por la falta de suelo, pero que en otros municipios están provocando graves problemas por la falta de infraestructuras que respondan a este crecimiento desmedido como ocurre con la depuración de aguas.

Algunas afirmaciones que aparecen en el citado informe son demoledoras y todas terminan con la misma conclusión: el grave deterioro al que está llegado la costa gaditana. Así, sobre el denunciado asunto de las viviendas ilegales, Greenpeace asegura que estas construcciones «parecen un derecho en los municipios litorales andaluces, con Cádiz y Málaga a la cabeza».

Junto a la polémica Marbella, el informe destaca como «escándalos urbanísticos» el caso de Las Beatillas en El Puerto o la condena por soborno del ex alcalde socialista de Sanlúcar, Agustín Cuevas, que intentó de esa manera evitar una moción de censura. Pero son sólo algunos ejemplos.

Cien mil casas en 15 años

Greenpeace estima que hay unas 30.000 viviendas construidas ilegalmente en la provincia; la mayoría de las cuales se encuentran en el litoral. «Chiclana (10.000), Sanlúcar (5.000) y El Puerto (3.000) son algunos de los casos más llamativos». Pero el futuro, a juicio de este colectivo, es aún más preocupante teniendo en cuenta que más de la mitad de los municipios de la provincia están en fase de revisión de sus planes de ordenación urbanística y que en muchos de estos documentos se contempla la legalización de miles de construcciones. «El número de nuevas viviendas propuesto supera las 100.000 en un horizonte de 15 años».

Además de las numerosas sentencias contrarias a este tipo de prácticas en El Puerto, los proyectos hoteleros en Vejer que pondrán fin a uno de los tramos vírgenes de Andalucía, Greenpeace llega a comparar Sanlúcar con otras situaciones archiconocidas. «Acumula un elevado número de irregularidades en su gestión urbanística. Las recalificaciones de terrenos municipales a precios de saldo para operaciones inmobiliarias y la gigantesca deuda del Ayuntamiento emulan el caso de Marbella».

Este fenómeno de colapso en las edificaciones lo inserta el informe en el crecimiento hotelero que ha experimentado la Comunidad Autónoma, que es la tercera de España que genera más valor añadido bruto con sus ingresos turísticos.

Así dentro de los proyectos previstos de cara a reforzar las infraestructuras del sector, Greenpeace denuncia la reclasificación de medio millón de metros cuadrados del Parque Natural de Los Alcornocales para la construcción de 200 viviendas unifamiliares, un hotel y un centro geriátrico en terrenos que hasta ahora estaban protegidos en Prado del Rey, «que plantea urbanizar dos millones de metros cuadrados».

Según este colectivo, la Consejería de Medio Ambiente ha autorizado el riego del campo de golf previsto junto al parque natural con agua potable de manantiales de la Sierra de Grazalema. El empresario cordobés Rafael Gómez, propietario de Arenal 2000 y vinculado al caso Malaya de Marbella, situó el pasado año el punto de mira en el municipio gaditano de Castellar de la Frontera, a tiro de piedra de San Roque y perfectamente comunicado por la autovía Jerez-Los Barrios. Este promotor, conocido popularmente como Sandokán, compró la finca de El Chapatal a los duques de Medinaceli con el objetivo de levantar allí un complejo turístico, deportivo y residencial. Sin embargo, los terrenos tenían una pega: no son urbanizables. El plan urbano del municipio, que se aprobó en mayo de 2003, protege esta superficie de 877 hectáreas e impide colocar un ladrillo. Esta situación llevó a la empresa Arenal 2000 y al alcalde de la localidad, el socialista Francisco Vaca, a mantener contactos para buscar una solución. Así, el 12 de agosto de 2005 firmaron un acuerdo de colaboración para tramitar el informe de impacto ambiental, la coordinación de estudios y gestionar la viabilidad del proyecto. Francisco Vaca confirmó ayer a LA VOZ que el Consistorio recibió por este acuerdo 1,8 millones de euros, casi 300 millones de pesetas, y desmintió que se hubieran recalificado los terrenos, «porque para ello es necesario contar con el veredicto de la Junta». El regidor declaró que el dinero se ha ingresado en la cuenta municipal mediante dos pagarés de 941.000 euros cada uno.