Que Andalucía sea definida, o no, como Nación en el nuevo Estatuto de Autonomía tiene una relevancia mucho mayor de la que el Gobierno del Señor Chaves, y el PSOE, han trasmitido a la opinión pública. La importancia en la denominación de Andalucía como Nación, dentro del nuevo contexto que el Estado está definiendo, queda reflejada en el modelo de financiación que ya se ha concedido al único territorio del Estado al que se le ha permitido que ostente el estatus de Nación: Cataluña.

El Gobierno del Estado y el partido que lo sustenta han apoyado a los nacionalistas catalanes para que Cataluña, fruto de su denominación como Nación, tenga un sistema de financiación propio.

Cinco son los elementos que definen este nuevo sistema de financiación catalán, los cinco elementos que suponen una agresión a los intereses de Andalucía, la gran traición que nos perpetuará en el furgón de cola del desarrollo económico durante muchos años.

El primero de estos elementos es lo que se ha venido en denominar «principio de ordinalidad». El Proyecto de Reforma del Estatuto de Cataluña, afirma que «el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per capita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación».Es decir, cada año antes de calcular con qué cantidad contribuirá Cataluña a los fondos de nivelación, se fijará el ranking de Comunidades Autónomas en términos de renta per cápita, y Cataluña aportara a esos fondos de nivelación siempre y cuando no pierda posiciones en ese ranking de renta per cápita.

Hemos de tener en cuenta que buena parte de esa riqueza relativa catalana está basada en el papel que jugamos en otros territorios del Estado, de la emigración a Cataluña y del esfuerzo inversor del Estado en las que se configuraron durante décadas como zonas preferentes en cuanto a inversión pública. Dinero que, en su día, no percibió Andalucía.

Esto es, Cataluña seguirá manteniendo su estatus de riqueza, a costa de que Andalucía no tenga los recursos suficientes para poder nivelarse con los territorios más ricos del Estado.

Otra de las cuestiones que hemos de tener en cuenta; es que la presión fiscal que soporta un andaluz es exactamente igual que la que soporta un Catalán; los impuestos son los mismos independientemente del territorio en que se resida.

El segundo de los elementos definitorios se puede resumir en la siguiente frase: «Los servicios esenciales según el esfuerzo fiscal». El texto catalán establece que «Los recursos financieros de que disponga la Generalidad podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás Comunidades Autónomas, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar».

El objetivo de la propuesta parece claro: lograr que una parte del esfuerzo fiscal catalán redunde en beneficio de la propia Comunidad. Es evidente que estamos ante una limitación al principio de igualdad: sólo se garantizaría que las Comunidades Autónomas pudieran prestar un nivel similar en servicios públicos tan esenciales como la sanidad o la educación si realizaran un esfuerzo fiscal de carácter igualmente similar.

Ahora, ¿qué debemos entender por un esfuerzo fiscal similar? Anteriormente se ha expuesto que el esfuerzo fiscal es igual para todos los ciudadanos, a mismos ingresos idéntica presión fiscal. Estando la diferencia en que a mayor riqueza, mayor recaudación.Las restantes cuestiones -tres- que definen la diferencia del nuevo modelo catalán quedan enmarcadas en:

Nuevos criterios para la cuantificación de la financiación (la población, rectificada por los costes diferenciales, y por los factores demográficos. Asimismo, deben tenerse en cuenta la densidad de población, la población inmigrante y la dimensión de los núcleos urbanos).

El reparto de inversiones según el PIB. (La justificación de esta medida hay que buscarla en lo que los partidos catalanes han denominado «déficit de inversiones del Estado» en Cataluña en los últimos años de los gobiernos de Aznar. El líder de CiU, Artur Mas, y el Presidente Zapatero acordaron en la tarde noche del 21 al 22 de enero de este año, en una reunión que duró unas 6 horas, que Cataluña tenía derecho a una compensación por esa menor inversión, que, por cierto, también compartimos otras Comunidades (y entre ellas Andalucía). Pero no sólo les dio tiempo a que se reconociera esta deuda sino que tuvieron capacidad de cuantificarla en 3000 millones de euros (medio billón de pesetas). Además completaron el trabajo fijando un calendario de pagos (7 años), introduciendo estos pagos en una norma de obligado cumplimiento y estableciendo un mecanismo claro y fácilmente interpretable para que no quedase ninguna duda de que se va a pagar, cuanto se va a pagar y en qué momento.

¿Qué diferencias con lo que viene aconteciendo a Andalucía con su deuda histórica!. Ya nadie sabe si es histórica por el atraso histórico que se pretendía corregir, o por el número de años que llevamos reclamándola. No se ha cuantificado todavía por las dos Administraciones. Y si no sabemos nada de la cantidad, imagínense pensar en un calendario de pagos o en su fijación en una norma de obligado cumplimiento. Estas son las diferencias reales del peso político de Andalucía y Cataluña. Todo lo demás es propaganda.

Nueva Cesta de Impuestos Cedidos.

El texto catalán llega a establecer los porcentajes de cesión de los principales impuestos cedidos, estableciendo una importante novedad a los mecanismos multilaterales vigentes hasta ese momento. En efecto, las Disposiciones Adicionales 8ª, 9ª y 10ª del Estatut cifran el porcentaje de cesión del IRPF, IVA e Impuestos Especiales en el 50%, 50% y 58% respectivamente. Hasta ahora los porcentajes de cesión se acordaban con carácter quinquenal por el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es un órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera. Sin embargo, para Cataluña se han acordado estos porcentajes de cesión que operan como límites mínimos, y que serán de aplicación siempre y en todo momento. Esta cesión, según cálculos realizados por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, representará para Cataluña una autonomía financiera del 113 %. Es decir, Cataluña al gestionar estos porcentajes no sólo cubre el 100% de sus necesidades de gasto calculadas con los criterios actuales, sino que gestiona unos 1.300 millones de euros más de los que «necesita» y que deberá devolver a la Hacienda estatal.

En resumen; Cataluña ha traducido su consideración como Nación en más recursos para seguir desarrollándose económicamente y poder mantener su posición de riqueza; mientras Andalucía seguirá postrada en la cola del desarrollo, permanecerá siendo el penúltimo territorio del Estado, solo por delante de Extremadura; y así permanecerá por muchos años ya que el partido mayoritario en Andalucía; el PSOE, ha decidido claudicar en favor de Cataluña, sin importarles las necesidades de Andalucía.