El juez Baltasar Garzón se pronunciará antes del jueves sobre la legalidad o no de la entrevista que van a mantener en Bilbao los máximos responsables del PSE-PSOE y de la ilegalizada Batasuna para decidir si la permite o la prohíbe. El auto permitirá saber si va establecer alguna variación en la línea que sobre el papel público de Batasuna ha mantenido su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, quien en enero pasado suspendió toda actividad política.

La Audiencia Nacional debe pronunciarse porque así se lo pidió el lunes pasado la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), personada en la causa que reclamó a Garzón que prohíba el encuentro. Garzón ha dado traslado del escrito a la Fiscalía que le comunicó ayer que antes de pronunciarse quiere disponer de un informe de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.