La expectación estaba creada sin que el principal implicado en el caso Karlos hubiera puesto aún un pie en los juzgados de San José de la capital gaditana. Desde que se supo la semana pasada que Carlos Carretero iba a prestar declaración ante el juez instructor del nº 1 de Cádiz, comenzaron las cábalas sobre los motivos que han llevado al letrado del ex jefe de la Policía Local de Ubrique a pedir una nueva comparecencia. Pero estas hipótesis no obtendrán respuestas hasta el próximo mes de septiembre, ya que el antiguo funcionario municipal no declaró ayer finalmente. Fuentes cercanas al caso confirmaron a este medio que uno de los letrados de las partes implicadas no podía estar presente por tener que asistir a otros asuntos; por lo que el juez optó trasladar la comparecencia hasta el 17 de septiembre.

Esta fecha tan tardía, teniendo en cuenta que quedan más de dos meses hasta el encuentro entre Carretero y el juez, no es del todo comprendida por algunos de los letrados que están presentes en el procedimiento, al entender que aún hay dos personas que siguen en la cárcel y a la espera de que modifiquen esas medidas preventivas. Los dos implicados que siguen en prisión son el inspector médico, Francisco Casto Pérez, y el propio Carretero.

La defensa del facultativo señalaba ayer que es probable que el juez se haya tomado su tiempo antes de tomarle declaración al ex jefe de la Policía Local después de haber recibido recientemente el escrito en el que se solicita la nulidad de las escuchas telefónicas que salpican a Francisco Casto. Si esta petición se resuelve favorablemente para los intereses del inspector de la Unidad de Valoración, el caso puede dar un importante giro. En el caso de Francisco Casto, su letrado sostiene que no existe ninguna prueba que lo implique en el proceso, salvo unas conversaciones comprometidas que mantuvo con Carlos Carretero.

Las repercusiones

Esta misma argumentación, si es aceptada por el juez y opta por su puesta en libertad, puede ser utilizada por otras defensas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Éste parece que no es el caso del ex funcionario de Ubrique, quien sigue en Puerto II por su presunta participación tanto en el caso Karlos como en la operación Halcón. Además del contenido de los pinchazos practicados a su teléfono, la Agencia Tributaria le requisó 750.000 euros que guardaba en varias cajas fuertes.

Al parecer, el letrado del supuesto cabecilla de ambos entramados delictivos volverá a solicitar la puesta en libertad de su cliente, o al menos una rebaja en la fianza impuesta.

El recurso presentado en su día por la primera defensa de Francisco Casto, que solicitaba también la puesta en libertad, al menos bajo fianza, fue denegada por la Audiencia, que considera que el facultativo puede alterar el procedimiento judicial si sale a la calle durante la instrucción. Su nuevo abogado, Felipe Meléndez, descartó presentar un nuevo recurso extraordinario y se destapó con un escrito de nulidad que puede llevar a su cliente a la plena absolución si el juez estima su petición.