Los investigadores tienen fundadas sospechas de que casi todos los concejales de Marbella que votaron a favor de la moción de censura para desbancar del sillón de la Alcaldía a Julián Muñoz cobró más de 300.000 euros, es decir, 50 millones de pesetas, según ha podido daber este periódico de las fuentes consultadas. Las averiguaciones efectuadas por los agentes, los documentos intervenidos y las cuentas bancarias fiscalizadas llevan a esa conclusión. Ahora queda por determinar quién o quienes pagaron esos 4,21 millones de euros (700 millones de pesetas) a los 14 concejales que apoyaron la moción de censura contra Julián Muñoz, debatida el 13 de agosto de 2003. Los firmantes de aquel polémico acuerdo político fueron ocho ex miembros del GIL, tres del PSOE y otros tres del PA.

Por parte del partido que fundara Jesús Gil suscribieron la moción de censura Tomás Reñones, Marisol Yagüe, Koke Calleja, José Luis Fernández Garrosa, Carmen Revilla, Victoriano Rodríguez, Antonio Luque y Vicente Manciles. En representación del PSOE, firmaron Isabel García Marcos, José Antonio Jaén, Belén Carmona, Diego Lara y Silvestre Puertas, si bien los dos últimos acataron la decisión de su partido y se desvincularon de aquella operación. Los tres ediles del PA, Carlos Fernández, Pedro Pérez y María José Lanzat, sí se sumaron a la maniobra.

Casi todos ellos han sido detenidos en el marco de la operación Malaya, bien en la primera parte o en la segunda, y algunos continúan en prisión como la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, y la que fuera su primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos.

«Prometo y demostraré que no hay nada turbio en la moción de censura», declaró Yagüe a este perídico (10-8-2003) días antes de debatirse en el pleno. En esos días previos, los autores de esta operación se ausentaron de Marbella y se concentraron en secreto en un hotel de Madrid, alejados de la presión social por la decisión que iban a tomar. Desde allí, en un autobús fletado por ellos mismos, se desplazaron a Marbella el mismo día de la sesión plenaria. Llegaron al Ayuntamiento escoltados por una legión de agentes de la Policía Local y miembros de seguridad privada. Entraron al salón de plenos pálidos, con la ropa desaliñada por el zarandeo y sin mirar atrás. De esa forma burlaron el griterío ensordecedor de unas 400 personas que expresaban, a las claras, su negativa al cambio de alcalde. Todo apunta a que el cerebro de esa operación para echar a Julián Muñoz de la Alcaldía de Marbella era Juan Antonio Roca, el ex gerente de Urbanismo que se encuentra actualmente en prisión. Parece ser que prometió a algunos de los 14 firmantes de la moción de censura 3 millones de euros. De esta forma Marisol Yagüe llegó a la Alcaldía y se convirtió en la primera mujer que dirigía el Ayuntamiento de Marbella. Ahora, la Policía investiga si ella se ha beneficiado de la concesión de algún local por parte del propietario de La Cañada, Tomás Olivo, que fue detenido anteayer en la segunda parte de la operación Malaya. Hay indicios de que a través de una tercera persona, Yagüe está detrás de una conocida cafetería de este gran centro comercial. Posiblemente no sea ella sola la que tiene allí un establecimiento comercial. Por otro lado, la Policía ha encontrado abundantes listados en los registros practicados en los que figuran iniciales a un lado, cantidades de dinero inconexas en el centro y otras iniciales a la derecha. Con bastante dificultad, los agentes han logrado relacionar esas claves con nombres y apellidos concretos de concejales que han podido cobrar dinero bajo cuerda de empresarios o de promotores y constructores, cuyas iniciales corresponden a las anotadas en uno de los extremos de los documentos. Este hecho se ha podido constatar mediante otros conductos como los movimientos de cuentas corrientes en entidades bancarias, escuchas telefónicas o seguimientos a los sospechosos. Las cantidades presuntamente pagadas a esos políticos que figuran al margen varían, pero algunas oscilan entre los 6.000 y 8.000 euros. Los investigadores han podido comprobar que algunos supuestos ingresos a concejales coincidían con gastos concretos de los mismos.

Así, se apunta que Yagüe canceló una hipoteca de un piso en Madrid y que a García Marcos se le encontró una bolsa con 360.000 euros en su casa que la ex primera teniente de alcalde justificaba con regalos por su reciente boda y por una herencia.