El Tribunal Supremo de los EEUU ha decidido hoy que el presidente de EEUU, George W. Bush, se ha excedido en sus atribuciones en tiempos de guerra con la creación de tribunales militares para los detenidos de Guantanamo. El magistrado John Paul Stevens ha sido el encargado de redactar el fallo, que declara ilegales a este tipo de tribunales propuestos por el presidente de EEUU según las convenciones del país y de la Ginebra sobre prisioneros de guerra.

Hace dos años, la Corte Suprema rechazó la petición de Bush de poder detener y mantener incomunicados por tiempo indefinido, sin acceso a jueces y a sus propios abogados, a sospechosos de terrorismo o de colaboración con organizaciones terroristas, mientras que ahora las razones judiciales se han centrado en los casos concretos de algunos de los imputados. De hecho, esta decisión tiene que ver con el caso de uno de los guardaespaldas de Osama Bin Laden, el yemení Salim Ahmed Hamdan, de 36 años, que lleva 4 años en Guantánamo y se enfrenta a un juicio por conspiración contra los ciudadanos de EEUU desde 1996 a 2001.

El caso conocido como "Hamdan contra Rumsfeld" fue planteado después de que Salim Ahmed Hamdan decidiera presentar un recurso contra su procesamiento. Hamdan reclamaba que se declaren anticonstitucionales los tribunales de guerra creados "ad hoc" para los presos de la base naval estadounidense de Guantánamo. El Gobierno de los EEUU ha considerado que esos presos son "combatientes enemigos" y están excluidos de la protección que otorgan las convenciones de Ginebra, razones contra las que se ha expresado ahora el Supremo a través del fallo del magistrado Stevens.

Garantías legales en tiempos de guerra

El Tribunal Supremo, con su decisión de cinco votos a favor y tres en contra, fuerza al Departamento de Defensa a elaborar un nuevo esquema para los casi 500 detenidos en la base militar estadounidense en Guantánamo (Cuba). Los abogados de Hamdan pedían al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre el alcance de los poderes del presidente estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU. En concreto, el abogado defensor de Hamdan y profesor de la Universidad de Georgetown, Neal Katyal, pidió al Supremo que pusiera fin a "esta atribución de poderes sin precedentes".

Frente a esta postura, los letrados del Gobierno alegaban que los tribunales federales no debían interferir en las medidas presidenciales para la lucha contra el terrorismo. El Gobierno también alegaba que una resolución del Congreso aprobada tres días después de los atentados y la propia Constitución concedían poderes a Bush para luchar contra el terrorismo sin la supervisión del Poder Judicial o el propio Legislativo. El presidente del Tribunal, John Roberts, se inhibió porque en el pasado formó parte de un tribunal de apelaciones que se pronunció contra Hamdan. La decisión del Tribunal Supremo sobre este asunto es el dictamen de mayor importancia sobre las competencias presidenciales desde la II Guerra Mundial.

El presidente de EEUU, George W. Bush, ha mantenido hoy por su parte que iniciará consultas con miembros del Congreso para que la legislatura autorice los tribunales militares especiales para juzgar a los detenidos en Guantánamo, una vez rechazada su propia autoridad, conferida por las atribuciones especiales del Congreso al presidente en tiempos de guerra, para permitir su funcionamiento en la base militar de Cuba.