El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, compareció ayer en el Senado, a petición del grupo popular, para dar explicaciones sobre el estado de la operación Karlos y las consecuencias que ha traído consigo el desmantelamiento de una organización dedicada a la tramitación fraudulenta de pensiones por incapacidad. Caldera se remitió al secreto de sumario para sólo afirmar que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INNS) procederá a la revisión de los doce casos que este organismo ha detectado como posibles fraudes. Ese estudio se llevará a cabo entre hoy y mañana. «Estamos cumpliendo rigurosamente con la ley de Procedimiento Laboral y no tengo problema alguno en comprometerme a dar explicaciones a la Cámara cuando finalice el caso», sentenció el ministro.

La cifra de doce expedientes contradice, en apariencia, las informaciones oficiales aportadas por la Guardia Civil, que es la encargada de llevar a cabo la operación. En el último comunicado oficial del Instituto Armado se señalaba a 15 personas, imputadas o detenidas, que estaban en trámite de obtener una pensión fraudulenta o que ya la tenían concedida.

A esa cifra oficial se le sumó una persona más que fue arrestada el 29 de mayo y a quien se le acusa de haber pagado 11.000 euros al supuesto cabecilla de la organización, Carlos Carretero, para la obtención de la invalidez. Una información que fue igualmente confirmada por la Benemérita. Al menos, son 16 los expedientes que la Guardia Civil ha destapado en la operación, que sigue abierta. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que las pensiones, en trámite o concedidas, son incluso más.

Este periódico se puso en contacto con el gabinete de prensa del Ministerio de Trabajo para aclarar ese desfase en las cifras. Este departamento se ratificó en las declaraciones de Jesús Caldera, y recalcó «que los únicos expedientes que han llegado al INNS son doce. A los que se refiere la Guardia Civil no culminaron, probablemente, el proceso administrativo. Aquellos que compete a la Seguridad Social son los doce que van a ser estudiados».

Estas explicaciones no convencieron al grupo popular, que encabezado en esta ocasión por el senador de Cádiz, José Blas Fernández, acusó al ministro de falta de transparencia. Fernández definió la intervención del ministro «de intolerable, dado que aseguraba que el secreto de sumario le impedía dar más datos, pese a que éste ha sido ya levantado hace semanas como todos los medios de comunicación han publicado». El senador popular se pregunta si Caldera teme que la operación policial saque a la luz una posible «trama política» detrás del escándalo y solicitó que se «depuren responsabilidades en el SAS a través del presidente de la Junta».