La Fiscalía de Madrid denunció ayer que los agentes que llevaron a cabo la operación en la que el pasado jueves, día 8, se detuvo «in fraganti» a cinco atracadores mientras intentaban asaltar una sucursal de La Caixa en Canillas, no aportaron «pruebas suficientes» como para que el fiscal que llevó la causa pudiera solicitar la medida de prisión preventiva.

El teniente fiscal de Madrid y portavoz de la Fiscalía madrileña, Pedro Martínez, aseguró que los agentes encargados del caso no explicaron el atestado a la magistrada del juzgado de Instrucción número 2, que se encontraba de guardia y en el que recayó la causa.

Además, puso de manifiesto que el vídeo que se grabó mientras se llevaban a cabo las detenciones no estaba incorporado a las actuaciones. «Los fiscales no hemos podido ver lo que todo el mundo vio, es decir, que los detenidos estaban en el interior de la entidad», explicó Martínez, quien agregó que, a la vista del atestado, a los arrestados tan sólo se les podía imputar un delito de robo con fuerza en grado de tentativa o, como mucho, un delito de tenencia ilícita de armas.

Procedimiento inusual

El secretario de Comunicación del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Maximiano Correal, acusó a la Dirección General de la Policía de «preocuparse más por el éxito mediático de las operaciones que lleva a cabo y las medallas recibidas que por la eficacia de las propias intervenciones».

Además, echó de menos que la Dirección General de Policía «no haya tomado ninguna medida en el sentido de abrir expedientes para comprobar si se ha aplicado correctamente la ley». «Los máximos responsables sólo han pensado en pasar la grabación a la prensa y se han olvidado del resto», precisó.

Por otro lado, aseguró no comprender, «por mucho que se lo expliquen», matizó, cómo uno de los arrestados pudo quedar en libertad cuando estaba cumpliendo condena. «No nos explicamos bajo ningún punto de vista lógico, policial y profesional cómo puede ser que al menos este individuo esté en la calle», reiteró Correal.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se mostró hoy convencido de que se aclararán las circunstancias de la puesta en libertad de cinco atracadores sorprendidos por la Policía cuando iban a cometer un delito y que quedaron en libertad al no decretarse prisión provisional. El ministro expresó su preocupación al respecto, pero insistió en que el fiscal y el juez competente esclarecerán el caso y confió en que se adopten las medidas oportunas para resolver esta situación inusual.

Además, el PP ha solicitado la presencia del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido en la Comisión de Justicia para que explique el motivo por el que no se tomó ninguna medida cautelar en este caso.