El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, anunció ayer que ha solicitado de manera oficial al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que «exonere» a los afectados por el presunto fraude de Fórum y Afinsa de la obligación de tributar por los rendimientos obtenidos de su inversión en sellos a través de ambas sociedades. El motivo que esgrimió fue que «en la actualidad se ignora si podrán, no ya recoger los beneficios de la inversión, sino recuperar el capital entregado inicialmente».

Por otra parte, la Audiencia Nacional acusó de manera formal al auditor de Afinsa de participar en la presunta falsificación de sus cuentas anuales, actuación que habría impedido conocer que en 2004 tenía un déficit financiero superior a los 1.106 millones de euros, lejos de los 51 millones de beneficio que esta empresa de inversión en sellos declaró en su balance. El juez instructor del caso, Santiago Pedraz, le dejó en libertad sin fianza tras interrogarle como imputado, criterio compartido por el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, al apreciar que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Francisco Blázquez, presidente de Gestynsa Auditores, declaró al magistrado que dio su visto bueno a las cuentas de Afinsa al no apreciar irregularidades. Sin embargo, también advirtió que su trabajo dependía de la información que le facilitaba la empresa, y que en algunos casos hubo partidas fuera de su alcance como, por ejemplo, a la hora de clarificar las diferencias entre las existencias iniciales de filatelia de las que disponía y su cuantía final. Así, en su informe sobre las cuentas de 2003 llegó a señalar que no había podido comprobar la situación real de un grupo de sellos cuyo importe teórico era de 3,4 millones de euros.

Las mismas fuentes apuntaron que Blázquez trató en todo momento de justificar su actuación, pese a no haber detectado las importantes manipulaciones supuestamente realizadas en los balances por los gestores de Afinsa. Este hecho llevó al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, a sancionar -con un máximo de 12.000 euros- a Gestynsa por infracción grave en relación a la revisión que hizo sobre los números de 2002, al haber contribuido a dar una imagen engañosa de los mismos.