El 26 de junio José Luis y Rosario tendrán que enfrentarse a la justicia por un presunto delito de usurpación. El motivo: la ocupación de un inmueble en la calle Uruguay de la barriada del Río San Pedro y que, según los afectados, ha sido denunciada por la Junta de Andalucía. Afirman que les han imputado un delito por «cambiar la cerradura».

La historia de esta familia, compuesta por el matrimonio, dos hijos y «otro que viene en camino», comenzó a principios del pasado mes de abril, según relata Rosario. Un día, una de las hermanas de Rosario accedió a la vivienda que ahora ocupan a través de una ventana y abrió la puerta de entrada para permitir que la familia se instalara allí. Hasta entonces, Rosario vivía con sus hijos y su marido en casa materna, donde dormían «en colchones por todo el salón».

Desde entonces, la familia Puyana Salvador ha utilizado la vivienda para dormir, ya que no disponen ni de luz ni de agua para realizar las necesidades básicas. Por eso, Rosario acude diariamente con sus hijos a casa de su madre para comer.

La situación económica de esta familia no es nada fácil. José Luis se encuentra actualmente en paro, por lo que los ingresos familiares se reducen a los 150 euros que reciben de Asuntos Sociales del Ayuntamiento».

Por ello, Rosario reclama para ella y su familia «una vivienda en condiciones» y denuncia que el Gobierno andaluz no les permita vivir en el inmueble.

Según esta mujer, la Junta justifica su negativa en el estado del inmueble, en el que las ventanas del aseo y cocina dan al garaje, por lo que la penumbra es total y, por lo tanto, «consideran que la vivienda es inhabitable».

Pero la afectada esgrime otra causa para que los hayan obligado a desalojar la vivienda, según Rosario, el Ejecutivo andaluz habría «ofrecido el piso a Cáritas» para que esta organización lo utilice. Sin embargo, esta entidad ha descartado tal posibilidad, por lo que actual inquilina mostró su desacuerdo «con el interés que tienen en cerrar la vivienda».

Además, Rosario afirma que este cúmulo de desencuentros con la Administración autonómica ha provocado que la hayan «puesto en su lista negra». Y es que según argumenta esta vecina del Río San Pedro, tampoco le han permitido matricular a su su hija pequeña en la guardería.