Mariano Rajoy demostró ayer su identidad de criterio con su 'número dos', Ángel Acebes, al reiterar que el presidente del Gobierno no cuenta con la complicidad del PP para ningún tipo de negociación con ETA y puntualizó que no admitirá siquiera la excarcelación de un preso. Con respecto a la presentación por parte de Batasuna de su comisión negociadora, dijo: «Exijo al Gobierno una reacción jurídica y política», y volvió a reclamar la intervención inmediata del fiscal general del Estado para investigar ese acto de la formación ilegalizada.

«El Gobierno no tiene el aval de mi partido para negociar nada con ETA porque si no estamos legitimando el terrorismo para hacer política», proclamó ante el grupo municipal del PP de Madrid. Repitió la doctrina en la que se basa su posición desde la proclamación del alto el fuego cuando se puso al lado del Ejecutivo socialista para acabar con la banda y comprobar que ha decidido dejar definitivamente las armas, «pero no pagar un precio político o poner un preso en la calle», advirtió.

De manera implícita admitió que el gabinete socialista establezca contactos con ETA, siempre a los efectos de verificar el abandono de las armas, «que fue lo que nosotros hicimos y para lo que pedimos autorización en 1999», afirmó, en referencia a las conversaciones que mantuvieron con miembros de la banda armada representantes del Gobierno de Aznar en Suiza. «Sé como se hicieron las cosas», añadió, y aseguró que conoce las diferencias entre el comportamiento del gobierno de entonces y el actual.

Escándalo

Ante la falta de estrategia común, el primer partido de la oposición intenta presionar al Gobierno para que no ceda ante la banda terrorista y Batasuna. En esta línea, Rajoy se mostró escandalizado e indignado por la rueda de prensa que celebró el partido ilegalizado para dar a conocer a sus representantes en una futura mesa de negociación política.

Al mismo tiempo, indicó que la obligación del Gobierno es garantizar que el Estado de derecho siga funcionando. Además de la actuación en el terreno judicial, Rajoy considera imprescindible una respuesta política del gabinete de Zapatero a las amenazas planteadas por Otegi porque, a su juicio, no sólo le corresponde gobernar, sino también «transmitir principios y valores, si es que los tiene».