El presidente Bush dijo hace una semana que a él también le gustaría cerrar Guantánamo, una fórmula que implícitamente sugiere que la situación no lo permite y que su Gobierno, asediado dentro y fuera sobre la extravagante situación jurídica y los daños políticos inherentes a la misma, no sabe realmente cómo proceder al respecto.

Para complicarle más las cosas, un Comité de la ONU sobre la Tortura acaba de pedir el cierre y garantías para los detenidos. Las graves conclusiones confirman que la prisión creada para los combatientes enemigos en la lucha contra el terrorismo incitan a la tortura y los tratos degradantes además de tener a los internos en el ya célebre limbo jurídico, amenazados con su entrega a países amigos para ser ablandados, sin un calendario preciso y privados del derecho a un juicio justo.

Técnicamente es verdad que no son las Naciones Unidas las que han difundido la grave requisitoria y que los redactores de la severa requisitoria son particulares seleccionados como especialistas y contratados por una agencia de la ONU. Pero esta dimensión más técnica que política apenas atenúa la extendida convicción de que Guantánamo es insostenible y de que el gobierno norteamericano debería abordar su cierre sin dilación.