Casi un centenar de cuenta partícipes, excluidos del proceso de la quiebra del complejo náutico de Puerto Sherry, se reunieron ayer en asamblea en el Club del Mar para estudiar la posibilidad de recurrir a la vía penal.

Los cuenta partícipes son un colectivo de los años 80 que adquirieron cuentas de participación, en vez de acciones, cuando se creó el complejo náutico. Estas cuentas quedaron extinguidas una vez declarada la quiebra en 1995. Sin embargo, los 700 perjudicados, se consideran acreedores legítimos con una deuda total de nueve millones de euros ya que un fallo judicial consideró la quiebra como fraudulenta. A esto habría que unir las aparentes y presuntas irregularidades, insolvencia punible y apropiación indebida.

En este sentido, el representante de estos pequeños acreedores, Hugo Galera Davidson, criticó duramente «a la Autoridad Portuaria por dar el visto bueno y al Ayuntamiento, olvidar a los cuenta partícipes y sólo preocuparse del complejo náutico».

Según el representante legal, «estos nueve millones de euros que aportamos todos y cada uno de nosotros fueron la base para crear la infraestructura de Puerto Sherry. Un capital que salió del ahorro de muchas familias, que han quedado relegadas al olvido desde el establecimiento de una quiebra fraudulenta».

Varela hizo mención al caso de un administrativo, accionista y a la vez técnico, del complejo náutico que pasó una factura de diez millones de euros como honorarios por conceptos de trabajo.

Asimismo, los abogados Luis de San Simón y Pedro Abad estuvieron presentes en la reunión para presentar sus propuestas. Los letrados indicaron que en caso de ir a los tribunales la vía más factible era la penal ya que al haber existido una quiebra fraudulenta se puede abrir una investigación para dirimir y dilucidar quien tiene la responsabilidad penal.

Además, el letrado Abad destacó que la vía penal era el medio más adecuado por las consecuencias mediáticas que conlleva. Además no descartaron montar una sociedad o asociación para defender sus derechos.

De esta manera, el representante legal declaró: «Personalmente no es una cuestión de dinero sino de principios, ya que yo no puedo dormir tranquilo pensando que estos señores se han quedado con nueve millones de euros de familias honradas».