El presidente del Círculo de Empresarios Vascos, Alejandro Echevarría, confirmó ayer que desde el anuncio de alto el fuego permanente realizado por ETA no se han producido nuevas extorsiones, al menos según la información que maneja la institución que encabeza, lo que le llevó a reiterar su «precavida esperanza» ante el final de la violencia y el camino abierto, que debería concluir en «una paz deseada por todos e ilusionante». Así lo manifestó ante la nutrida representación de políticos y empresarios, vascos en buena parte, reunidos en Madrid para escucharle en el foro Nueva Economía. Ante ellos confirmó Echevarría que «no se han producido extorsiones en los últimos tiempos» y que desde el anuncio de alto el fuego «no se han recibido cartas de amenaza o chantaje» para reclamar «el impuesto revolucionario o cualquier ayuda».

«Ya no volveremos a los peores días de la barbarie etarra», auguró Echevarría al ofrecer su visión del «nuevo escenario» surgido de la declaración de alto el fuego. Apeló en todo momento «a la prudencia y la cautela» para describir una situación que apunta «a la pronta desaparición del terrorismo», lo que hará necesaria «una complicada y difícil gestión política de la normalidad».

Soy partidario de una gestión rigurosa del nuevo tiempo que se abre con el anuncio del alto el fuego» dijo Echevarría en nombre de los empresarios vascos, «que en todos estos años y en medio de un complejo escenario político han tenido que sufrir violencia, amenazas y extorsiones, pero que nunca han renunciado a su deber y responsabilidad de rechazar a ETA y a su grupos afines proclamando la necesidad de un entendimiento entre partidos democráticos para lograr una estabilidad política que despeje incertidumbres y para alcanzar un marco de convivencia civilizada». También reclamó la unidad de todas las fuerzas políticas y pidió al Partido Popular que se integre en el proceso.

Extradición

Por otra parte, el Gobierno mexicano entregará a las autoridades españolas a los seis supuestos miembros de ETA detenidos en julio de 2003 en aquel país y a los que la Audiencia Nacional acusa de pertenecer a un grupo de financiación de la banda terrorista.

La expulsión ayer a España de los seis supuestos terroristas puso final a tres años de batallas judiciales y diplomáticas, incluida la denegación de la extradición en 2003 reclamó el juez Baltasar Garzón. El entonces titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional consideraba probado que los seis formaban parte del aparato logístico de ETA.