La decisión del presidente Bush de enviar 6.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera mexicana para controlar el flujo de ilegales ha provocado encendidas reacciones en los Estados Unidos. Con esta medida, Bush -que se ha aliado con el partido demócrata para sacar adelante su plan sobre inmigración, frente a la férrea oposición del sector más conservador de su propio partido- pretende neutralizar la resistencia de ese núcleo irreductible para el que la inmigración es una cuestión de seguridad nacional.

El presidente sabe que de cara a las elecciones legislativas es esencial sacar adelante su programa de inmigración si quiere mantener el apoyo de la minoría hispana, que ha sido crucial para él en las pasadas contiendas electorales, pero tampoco puede forjar una prolongada alianza con los demócratas que le aleje de una parte importante de su propio partido. Por ello ha decidido jugar a dos bandas ofreciendo a la comunidad inmigrante la regularización de buena parte de los 12 millones de ilegales que viven en el país y, a la par, un aumento de la vigilancia de la frontera con México que acalle las protestas de los republicanos más exigentes. Pretender deportar a millones de inmigrantes sin papeles que llevan residiendo varios años en EE.UU. y contribuyendo con su trabajo y sus impuestos a la buena marcha del país, no se ajusta a la realidad; menos aún a la de una nación construida con la aportación de sucesivas oleadas de inmigrantes y en la que el acceso a la ciudadanía forma parte de la identidad del país. Pero tampoco se ajustaría a la esencia norteamericana una regularización de todos los ilegales sin más. Y eso es lo que ha pretendido Bush: perfilar una norma asimilable por todos.

El programa de inmigración propuesto es bastante sensato en cuanto que exige a los residentes ilegales el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la plena aceptación de los símbolos nacionales y el conocimiento del idioma oficial. Pero su paso por la Cámara de Representantes, en la que existe un mayor populismo que en el Senado, no va a ser fácil. Además, medidas como la de enviar a la Guardia Nacional a la frontera pueden eclipsar los puntos más interesantes de la norma que el presidente intenta impulsar. Pretender blindar la frontera sur es un gesto claramente populista, dadas las condiciones físicas de la frontera entre EE.UU. y México. De hecho, las medidas más importantes que puede tomar la Administración Bush -y ellos lo saben perfectamente- son previas al cruce de la frontera y tienen bastante más que ver con remediar los bajos niveles de cooperación al desarrollo de EE.UU. en la región o a enderezar una política exterior latinoamericana casi inexistente que con la necesidad de aumentar las patrullas militares en la zona.