El Gobierno todavía no está convencido de que la banda terrorista ETA tenga intención de abandonar las armas. Alfredo Pérez Rubalcaba fue tajante en su primera intervención ante la Comisión de Interior del Congreso: «El proceso (de paz) tiene un punto de partida al que todavía no hemos llegado, que es alcanzar la convicción de que ETA quiere poner fin a la violencia». El ministro del Interior, no obstante, aseguró a los parlamentarios que el Ejecutivo cree que ese proceso «tiene bases sólidas» y que «muy pronto» las fuerzas de Seguridad podrán concluir la verificación del alto el fuego, paso indispensable para que José Luis Rodríguez Zapatero acuda al Congreso para pedir el aval de la cámara a fin de abrir una negociación con la banda.

Tres días después de que encapuchados de la organización armada dijeran en una entrevista que considerar que el alto el fuego es irreversible es una «gran irresponsabilidad», Pérez Rubalcaba advirtió a los parlamentarios de que el camino hacia la paz será «duro, largo y difícil», aunque se mostró esperanzado en que antes del verano el presidente del Gobierno tendrá sobre su mesa datos suficientes «para abrir un proceso de diálogo» con el respaldo del Parlamento.

El ministro subrayó en varias ocasiones que «nadie puede negar que hoy estamos mejor que nunca en la lucha contra ETA», e insistió en que jamás antes había habido un momento tan «óptimo» ni un «mejor escenario» para acabar con la violencia terrorista. «Estamos donde estamos porque los demócratas, las fuerzas de Seguridad y los jueces y fiscales lo han hecho bien y porque nunca hemos olvidado nuestros principios ni nuestros valores», dijo.

Pérez Rubalcaba quiso dejar claro que el Gobierno tienen «instrumentos suficientes» para saber si el alto el fuego «carece de contenido», y reiteró que los tres informes sobre ETA que la secretaría de Estado de Seguridad ha remitido a La Moncloa desde el anuncio del 22 de marzo indican que el «proceso va razonablemente bien». Ante estos datos, el máximo responsable de la lucha antiterrorista prometió «trabajar para que esta esperanza de paz todavía incipiente se transforme en paz» y reclamó la «unidad» de todas las fuerzas políticas «porque somos más fuertes cuando estamos juntos».

Pacto antiterrorista

Durante las cerca de cinco horas que duró su intervención, el ministro insistió en que el Ejecutivo, llegado el momento y antes de la comparecencia en el Congreso de Rodríguez Zapatero, facilitará a las formaciones políticas los datos sobre la verificación del alto el fuego. El ministro anunció que él mismo será el encargado de informar a los partidos con representación parlamentaria en reuniones bilaterales.

Además, detalló que el Gobierno, una vez constate la voluntad real de ETA, dará explicaciones en la comisión de secretos oficiales de la Cámara Baja, un organismo que el ministro se comprometió a «reactivar» para convertirlo en un foro en el que no sólo el Ejecutivo informe a los partidos, sino en el que haya «debate de estrategias» antiterroristas.

Estas reuniones informativas se completarán con la convocatoria de la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista, en la que Interior revelará los datos en su poder al Partido Popular. Este encuentro, siempre previo a la intervención del presidente del Ejecutivo en el Pleno del Congreso, será el tercero convocado por el Gobierno en esta legislatura y el primero desde la declaración del alto el fuego. La última vez que el presidente reunió este foro fue el 29 de diciembre de 2004.

Según detallaron ayer fuentes del Ejecutivo, aunque Rodríguez Zapatero quiere seguir siendo el interlocutor directo del líder de la oposición, Mariano Rajoy, será el propio Pérez Rubalcaba quien represente al Gobierno en la futura reunión del comisión de seguimiento del pacto.

El ministro explicó que el Ejecutivo, al menos por el momento, no tiene intención de variar la estrategia sobre los presos de ETA. «Respecto a los 491 internos de la banda terrorista se mantiene la política prevista», esto es, la dispersión por las 51 cárceles de toda la península.

Los planes expuestos por el titular de Interior tuvieron el respaldo de todos los partidos, a excepción del PP. La diputada Alicia Sánchez-Camacho puso en duda que el Gobierno tenga toda la información necesaria sobre ETA y recordó que en los últimos meses las fuerzas de Seguridad apenas han practicado detenciones de activistas de la banda.