El Gobierno advirtió ayer de que el hecho de que no haga valoraciones públicas de las últimas manifestaciones de ETA no significa que escuche sus planteamientos. Todo lo contrario, sostuvo la vicepresidente primera, la decisión de no pagar un precio político a la organización terrorista por alcanzar la paz es «firme y tajante». Una respuesta que para el PP resultó tibia y que llevó al secretario general de este partido a emplazar al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a que «diga que no» con claridad a las exigencias de ETA y anuncie que el único «objetivo» es «derrotar a los terroristas».

María Teresa Fernández de la Vega sostuvo que el «único camino» hacia la paz pasa por «el respeto a la democracia, el respeto a la ley y el respeto al estado de derecho» sin «atajos». Un cauce que, aún en ausencia de violencia, imposibilita que se atiendan las demandas de ETA dado que el derecho de autodeterminación no está recogido en la legislación vigente ni está en discusión la modificación del estatus jurídico y político de Euskadi y Navarra, recordaron fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta volvió a defender los ritmos y el calendario fijados por Rodríguez Zapatero. Aseguró que no se van a acortar los plazos previstos y «ahora estamos en la fase de verificación del alto el fuego». Fernández de la Vega confió además en que los indicios de la veracidad de las intenciones de ETA se confirmen y el cese de actividades pase de permanente a «definitivo», un paso que la organización terrorista condicionó a «la evolución» del proceso.

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, afirmó desde Bruselas que ETA sabe lo que tiene que hacer: «cese total, absoluto y definitivo de sus actividades» y acordar «su desaparición». Ésas, agregó, son «las exigencias de la democracia» a la organización terrorista y no discutir sobre asuntos políticos. Alonso señaló que no iba a dedicar un minuto a comentar la entrevista porque las opiniones de los terroristas son irrelevantes y «lo importante son los hechos».

Fuentes gubernamentales, entretanto, mantuvieron su posición de no dar relevancia a la última irrupción de ETA, aunque mostraron cierta inquietud por sus comentarios referidos a la legitimidad del envío de cartas a empresarios con exigencias de pago del impuesto revolucionario.

Acebes, rotundo

El PP se mostró disconforme con la respuesta gubernamental a la entrevista de ETA y Ángel Acebes exigió al jefe del Ejecutivo que «diga que no» sin dejar lugar a las dudas a los planteamientos políticos de los terroristas. El Gobierno, sostuvo, tiene que ser rotundo, debe garantizar que «no aceptará el chantaje» y comunicar a ETA que su único destino es «la derrota». El secretario general del partido opositor subrayó que la banda sugiere que antes del alto el fuego llegó a acuerdos con el Ejecutivo y si fuera así es «imprescindible» que el Gobierno los haga públicos.