El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, inauguró el pasado viernes en Conil las III Jornadas de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de La Janda, que este año giran en torno al diseminado rural y las construcciones irregulares.

Chamizo destacó que ahora la tendencia es «la proliferación de inmuebles sin licencia para segunda residencia», una práctica que «amenaza y destruye el paisaje sin que las administraciones se preocupen». Así, el Defensor del Pueblo anunció que desde su oficina se van a solicitar cambios en el Código Penal para que los especuladores sean castigados más duramente, «aunque las mayores agresiones se están produciendo bajo el amparo de la ley».

De tal forma, la oficina del Defensor pretende que la Agencia Tributaria investigue a quienes hayan sido denunciados o a las personas de las que se sospeche que están realizando construcciones ilegales o parcelaciones urbanísticas.

En Andalucía existen 1.000 viviendas irregulares que en verano acogen a 400.000 personas. En la provincia tenemos ejemplos claros como 12.000 residencias en Chiclana o núcleos enteros como Zahora, en Barbate. «La proliferación sigue y hay que pararla, para lo que se deben hacer diversas preguntas a las administraciones, que son las encargadas de regularizar estas viviendas para asuman su responsabilidad» comentó Chamizo. Sin embargo, también añadió que espera que lo sucedido en Marbella «frene este dinamismo en cuanto a este tema».

El Defensor del Pueblo Andaluz aseguró que otra tendencia en los últimos años y con más frecuencia en la provincia de Cádiz es la parcelación urbanística, la división de un terreno en varios de forma ilegal para su venta por separado, apareciendo varias casas en una misma propiedad, «por lo que se vulneran derechos de los que sí viven legalmente».