Sucede a veces que algunos tratan de obligarnos a que ejerzamos un derecho, aunque no nos dé la gana hacerlo. Y eso es, además de un abuso, un delito. Hasta donde yo sé, todavía está en vigor esa caja de toallitas húmedas que es la Constitución española (el Gobierno nacional y la mitad de los gobiernitos de las nacioncitas se limpian el culo con ella), que en su artículo 28 dice: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses", pero lo que no dice en ningún sitio es: "Se reconoce el derecho de los sindicalistas a impedir por la fuerza que trabaje quien lo desee". No, no, no, aunque le pese a José M. Trillo, ese artículo no está. Por ello me sorprende (bueno, en realidad no) el inmenso coro de palmeros que se está solidarizando con él tras la condena que la justicia le ha impuesto. Llueven sobre los periódicos cartas de apoyo de partidos políticos, organizaciones sindicales, O.N.G.'s, comités de empresa, particulares y... ¿empresarios! (lo ha dicho Trillo, a mí que me registren). Y lo cierto es que estas cartas demuestran el absoluto desprecio de sus autores por la libertad de las personas que actúan según sus propios criterios en lugar de obedecer las amenazantes consignas de los sindicatos y sus piquetes.

En un alarde de hipocresía, la sección sindical de CC OO de cierta empresa llegó a escribir la siguiente perla: "El hecho de informar [ ] es la labor que hacen los comités y delegados en las huelgas", pidiendo seguidamente que el tribunal sea comprensivo (¿a qué me suena esto a mí?, ¿a qué me bata-suena?). Realmente, cosas así darían risa si no produjeran indignación, porque todos sabemos, y miente quien diga lo contrario, que los "piquetes informativos" se dedican a insultar, amenazar y agredir a quien no hace lo que ellos ordenan. Y eso es, según considera probado la sentencia, lo que sucedió el 20 de junio de 2002, cuando Trillo se dirigió a una trabajadora diciéndole que había huelga y tenía que cerrar el negocio, a lo que la mujer respondió que había decidido trabajar libremente. Acto seguido, el piquete comenzó su espectáculo: explotaron petardos, echaron del local a los clientes, tiraron al suelo productos y mobiliario y, finalmente, obligaron a la empleada a cerrar el local. Edificante, ¿no?

Es realmente triste que un trabajador no pueda hacer huelga por miedo a que lo despidan, pero más aún lo es, si cabe, que no pueda trabajar por miedo a quienes dicen defenderle. Suena a mafia. Y quien así se comporta no es solidario, ni honesto, ni bienintencionado. Algunos dicen que la sentencia es injusta y que parece mentira que a personas comprometidas y de bien se les pueda enviar a la cárcel, a otros, en cambio, lo que nos parece mentira es que quienes más hablan de derechos y libertades sean los que menos los respetan.