El 1 de julio, el Estatuto de los Trabajadores modificará varios de sus artículos para reducir la temporalidad laboral y promocionar el empleo estable. Los cambios, que conllevarán rebajas económicas para los empresarios, son el fruto de una nueva reforma laboral consensuada entre el Gobierno, las patronales (Confederación de Organizaciones Empresariales de España y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), y los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT), suscrita ayer en el Palacio de La Moncloa, donde el presidente José Luis Rodríguez Zapatero califico el acuerdo de «histórico». «No nace para responder a una situación de crisis, sino para prolongar y ampliar la buena evolución de la economía española», sentenció el jefe del Ejecutivo estatal ante el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y los máximos responsables de las organizaciones negociadoras.

Nuevo sistema productivo

Todos los interlocutores se mostraron satisfechos por el acuerdo, pero reconocieron que su éxito depende de que vaya acompañado de otras medidas, que sobrepasen el mercado de trabajo, que establezcan un sistema productivo basado en la inversión, nuevas tecnologías e innovación. A su juicio, el país debe apartarse de mecanismos especulativos.

Como prueba de que el pacto sólo es insuficiente, José María Fidalgo utilizó durante todo su discurso la palabra «intenta», consciente de que sin la colaboración del Ejecutivo y de los empresarios será muy difícil que la reforma dé los frutos esperados. Para Cándido Méndez, se trata de «un instrumento útil», inscrito «dentro de una serie de medidas que deben repercutir en el crecimiento económico». Y el presidente de CEOE, José María Cuevas, advirtió de que su organización seguirá con atención el desarrollo de la nueva normativa para «evaluar su impacto en el empleo y en la competitividad» y adoptar, «si fuera necesario, medidas complementarias».

Una urgencia gaditana

En este periodo inicial de vigilancia del cumplimiento y efectos del nuevo marco laboral, la provincia se convertirá en uno de los principales focos de atención porque la temporalidad, principal eje de lucha de esta reforma, afecta al 42% de los trabajadores y empeora la situación de elevado paro, que, aunque se ha reducido en los últimos años, aún alcanza a 100.000 personas.

Según las valoraciones de patronal y sindicatos, el cambio normativo tendrá un fuerte impacto en la realidad gaditana, no sólo por la puerta al trabajo indefinido que se abre con la conversión de eventuales en fijos a través del contrato de fomento del empleo, sino también por el mayor control de la subcontratación, que en Cádiz tiene fuerte peso sobre todo en la industria del metal, y el aumento de las bonificaciones a los colectivos con mayor desempleo -jóvenes, mujeres y mayores de 45 años-, que en la provincia tienen aún mayores dificultades para incorporarse a un mercado laboral mermado por el fuerte desempleo.

Otro de los beneficios que espera deparar esta reforma es el freno al encadenamiento de contratos porque el año pasado se produjo en torno a más de 50.000 puestos de trabajo, principalmente del sector servicios y, en concreto, de la hostelería.

El delegado de Empleo, Juan Bouza, se sumó al aplauso a esta modificación del mercado y confió en que tendrá «una repercusión importante» en Cádiz. Bouza calificó el cambio de «valiente, útil y muy demandado por todos los sectores» y consideró que es «una gran herramienta para generar empleo estable», pero también para «mejorar la competitividad y para propiciar un mercado laboral más atractivo». Además, el delegado provincial valoró la «alta transversalidad» que tienen las medidas adoptadas en todos los ámbitos del sistema productivo.