«¿Este lunes 1º de Mayo...Es día de acción!», repicaba por la radio, como si cantase un partido de fútbol, el hondureño Ramón Almendárez Cuello, líder de la emisora hispana de más audiencia de Los Angeles. El presentador conocido como 'El Cucuy' ha prometido que él y todo su equipo estará hoy en la calle al frente de las manifestaciones con las que los hispanos de EE. UU. pretenden probar su fuerza.

No bastará con sacar a cientos de miles de personas a la calle, eso ya lo hicieron el pasado 10 de abril. Lo que piden más de cien organizaciones de inmigrantes es que los once o doce millones de hispanos que hay en el país no acudan hoy a su puesto de trabajo, decididos a parar el país. Si se cumplen sus previsiones, los restaurantes se quedarán sin mano de obra en las cocinas, los constructores tendrán que tomarse el día libre y las mujeres trabajadoras volverán a ser amas de casa por un día. «Será una probadita de lo que serían sus vidas sin nosotros», advierte José López, que se ha acogido con entusiasmo a la convocatoria.

Quienes no lo notarán serán los votantes del congresista republicano James Sensenbrenner, que con su propuesta de criminalizar a los inmigrantes ilegales, y a todo el que no los denuncie, plantó en diciembre pasado la semilla de este airado movimiento que ha tomado cuerpo en el último mes. En su ciudad de Milwaukee (Winsconsin), los hispanos suponen apenas un 1% de una población, que es 95% anglosajona, y en la que quienes tienen que votar por su reelección en noviembre aplauden lo que ven un acto de valentía y liderazgo.

Llamamiento

Sensenbrenner cree en lo que López llama «la política de explotarnos o expulsarnos», que ha tenido una gran acogida entre los sectores de la extrema derecha del partido republicano, con mayoría en ambas cámaras. De hecho, la ley ha pasado la criba de la Cámara de Representantes, que ahora negocia con el Senado. Los demócratas han fracasado tan estrepitosamente en sus intentos de suavizar la ley que senadores como Ted Kennedy han tenido que pedir al presidente George W. Bush que intervenga personalmente como mediador.

El mandatario se ha declarado en contra de las deportaciones masivas y a favor de un plan de visados temporales para los jornaleros, pero entre eso y la amnistía que desearían los demócratas se erige el muro que Sesenbrenner quiere construir en los 1.100 kilómetros de frontera con México, así como sus intentos para castigar penalmente a los ilegales, en lugar de limitarse a la deportación.

La prueba de fuerza que planean hoy las organizaciones hispanas es un arma de doble filo, porque si fracasa en su intento de hacer visible con su ausencia la mano de obra invisible, su incipiente movimiento puede quedar muy debilitado. El primer problema al que se enfrentan para triunfar es su división -otras cien organizaciones se han sumado a la llamada de líderes religiosos y sindicales de no secundar la huelga general-, y el segundo es la inseguridad de los ilegales. Las manifestaciones de principios de abril dieron paso a una campaña federal de arrestos que en un solo golpe detuvo a 1.200 trabajadores indocumentados. Muchos de los que participaron en la marcha se encontraron sin trabajo a la vuelta, y hoy, como mínimo, perderán la paga del día. Pero el verdadero miedo de quienes temen que la protesta se vuelva en su contra es que «dé a los imbéciles de las tertulias la oportunidad para apuntalar su mensaje y envalentone a los legisladores que buscan medidas enérgicas», advertía The New York Times.