En plena segunda fase de la Operación Karlos, en la que se está procediendo a la detención de beneficiarios -mayoritariamente- de pensiones de invalidez fraudulentas, se van conociendo detalles de una larga investigación que está deparando jugosos detalles sobre la forma de operar de un entramado delictivo, que al igual que en el caso de las facturas falsas, está liderado supuestamente por el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero.

Uno de esos detalles se refiere a la fórmula elegida por los estafadores para que algunos de sus clientes obtuvieran las pensiones aunque su estado físico no presentara ningún tipo de incapacidad. Según pudo saber este periódico, los responsables de este entramado -supuestamente Carretero y el inspector de la Unidad de Valoración Médica e Incapacidades (UVMI), Francisco Casto- se ayudaron, en algunos casos, de personas incapacitadas para que se hicieran pasar por los verdaderos destinatarios de las pensiones. De esta forma, se aseguraban que obtenían los informes médicos favorables sin tener que arriesgar demasiado en la operación.

Al parecer, ésta pudo ser la vía que utilizó la mujer de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, para que le dieran la invalidez a su madre. Según aparecen en las diligencias del caso, que fueron transferidas del juzgado de Instrucción nº2 de Jerez al nº 1 de Cádiz, la esposa del torero pagó supuestamente 18.000 euros a Carlos Carretero para que éste le facilitara la pensión a su progenitora.

La ayuda de Campanario

El presunto fraude a la Seguridad Social terminó por urdirse con la participación de una mujer que se hizo pasar por la madre de Campanario. Este periódico también pudo saber cuál es la identidad de esta impostora, que podría tratarse de un familiar de Elisa Calvente (empleada de Carlos Carretero) y de Juan de Dios Calvente. Estas dos personas han sido detenidas en el marco de la Operación Halcón. La primera se encuentra aún en la cárcel, mientras que su hermano fue puesto el martes en libertad con cargos.

Según fuentes consultadas por este periódico, en las consultas médicas no es difícil usurpar la identidad de otra persona, simplemente con mostrar la tarjeta sanitaria del usuario (carente de fotografía identificativa) que a la postre va a recibir la ayuda económica estatal. Las mismas fuentes explicaron que rara vez los facultativos piden la documentación que acredita la identidad del paciente.

Tres detenidos

Tal fue el caso, de uno de los tres detenidos el pasado martes en el arranque de la segunda fase de la Operación Karlos. Se trata de una persona que obtuvo una invalidez por una grave incapacidad visual. Esta persona hacía una vida normal ante los ojos de sus allegados, que incluso lo veían como conducía sin problemas. Al parecer, se ayudó de una persona con ceguera para obtener la pensión.

En otras ocasiones los cabecillas les facilitaba, previo pago, la tramitación de la invalidez a personas que sí reunían los requisitos y que no tendrían que haber pagado nada.

Además de estas tres personas, la Guardia Civil continuó ayer con más detenciones de posibles clientes de la red. Los agentes actuaron en Ubrique y en otras localidades de la sierra gaditana. El número de arrestados en la jornada de ayer se desconocía al cierre de esta edición.

La investigación se ha blindado a prueba de filtraciones. La Guardia Civil ha decido mantener la segunda fase en secreto, pese al creciente interés existente después de que hayan transcurrido más de dos semanas desde que se conocieran los primeros arrestos y de la emisión de un comunicado oficial del Instituto Armado.

El motivo de este inexplicable silencio reside en una rueda de prensa que está prevista para los próximos días y para la que han reservado gran parte de los detalles de las pesquisas, que serán desgranados probablemente por el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón.